Un tercio del gasto educativo en Chile recae en las familias, que gastan cuatro mil 614 millones de dólares al año por ese concepto, cifra equivalente al 2.7 por ciento del PIB del país, señaló hoy un estudio de la Universidad de Chile.

La investigación del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la institución indicó que el Estado chileno financia el 68.81 por ciento del sistema educativo, porcentaje menor al promedio de América Latina, mientras que las familias el 31.19 por ciento.

La privatización parcial de la educación –en todos sus niveles- se produjo durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), quien impuso en Chile un modelo económico neoliberal a ultranza que trasladó al mercado responsabilidades del Estado.

El estudio del CEA, elaborado por los investigadores Pilar Romaguera y Sebastián Gallegos, aseguró que el sistema de financiamiento mixto permitió la expansión de la cobertura escolar “pero también ha incentivado la segregación escolar” en perjuicio de los más pobres.

Sostuvo que Chile presenta un gasto público en educación equivalente al 3.14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menor en más de un punto al promedio latinoamericano (4.62 por ciento) y también por debajo de otras regiones como Asia, Europa y Norteamérica.

Los investigadores indicaron que el sistema educativo local requiere una “transformación modernizadora con énfasis en una mayor equidad”, pues para los sectores más desfavorecidos resulta oneroso acceder a una educación de calidad o a la universidad, por su alto costo.

Chile vive desde hace tres meses un masivo movimiento estudiantil cuya demanda central es la gratuidad de la educación y el fin del lucro en el sistema, el cual consideran excluyente y discriminatorio para los estratos más pobres.

El Estado financia la educación a través de becas y créditos a los estudiantes y aportes directos a las escuelas y universidades, y gran parte del sistema es operado por entidades privadas a las que la ley prohíbe el lucro pero las cuales, en la práctica, incurren en él.

“El sistema de financiamiento requiere implementar modificaciones que le permitan asegurar que existan condiciones básicas de transparencia y rendición de cuentas respecto a la recepción y uso de los recursos para las escuelas que reciben recursos del Estado”, apuntó el trabajo.

En Chile, la educación básica, primaria y media la imparten establecimientos estatales que manejan los municipios; los planteles privados y los colegios “subvencionados”, los cuales reciben un aporte del Estado de acuerdo con su número de alumnos.

El movimiento estudiantil demanda el fin de la educación “subvencionada”, al argumentar que de esa manera inversionistas privados acaban enriqueciéndose con recursos del Estado que deberían ser utilizados en la modernización de las escuelas.

Según cifras oficiales, en 2009 el número de estudiantes de básica, primaria y media ascendió a 3.4 millones, de los cuales el 49.66 por ciento estaba inscrito en planteles subvencionados, un 41.10 por ciento en colegios públicos y el resto en establecimientos privados.

En la educación superior, el apoyo estatal se restringe aún más pues las universidades operan con criterios de mercado, incluso las estatales, como la Universidad de Chile, donde la carrera más barata tiene una colegiatura mensual superior a los 400 dólares.

Los fondos del Estado a la educación superior se otorgan mediante becas y créditos a los estudiantes y a través del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que reciben las universidades públicas y privadas de acuerdo con los alumnos de más alto rendimiento que logren reclutar.

Estimaciones académicas indicaron que el Estado chileno sólo invierte el 0.3 por ciento del PIB en educación superior, mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 1.0 por ciento en promedio.