Esta red de apuestas ilegales salió a la luz en febrero, cuando la policía capturó a Carlos Augusto Ramos, conocido como "Carlinhos Cachoeira", quien sería su líder. Poco a poco, y gracias a las grabaciones telefónicas reveladas por la prensa, se está conociendo la dimensión del fraude: los tentáculos de esa mafia comprometen a políticos y a empresas privadas en un negocio millonario.   
 
En respuesta al escándalo que esta información ha causado en la sociedad brasileña, el Congreso creó una comisión bicameral que estará conformada por los principales partidos políticos y cuyo objetivo será investigar cuáles eran las conexiones políticas. El martes se designarán sus miembros, que empezarán a trabajar inmediatamente.    
 
Por el caso ya rodaron las primeras cabezas, entre ellas, la del senador Demóstenes Torres, quien hasta hace poco era reconocido como un paladín de la lucha contra la corrupción. Las probadas conexiones entre él y Ramos condujeron a Torres a renunciar a su partido, el opositor Democratas.   
 
Según se desprende de las escuchas, el senador recibía dinero y regalos de la red de Ramos a cambio de información sobre temas que se tratarían en el Congreso, lo que constituye tráfico de influencias. El objetivo era ayudarlo a obtener contratos públicos.
 
Un informe del procurador general de la República, Roberto Gurgel, indicó que Torres habría intermediado para que algunas alcaldías otorgaran contratos de obras públicas a la constructora Delta, bajo orientación de Ramos, quien sería un "socio oculto" de la firma.
 
Ese sistema de sobornos, disfrazados de donaciones, alcanzaría, además, a Marconi Perillo, quien los habría percibido durante su campaña para convertirse en gobernador del estado de Goiás. Perillo pertenece al también opositor Partido de la Social Democracia Brasileña.   
 
El oficialismo no quedó exento del caso. Las redes de Ramos llegaron hasta el gobierno del Distrito Federal, que está en manos del Partido de los Trabajadores. El gobernador Agnelo Queiroz debió destituir a tres miembros de su gabinete por sus contactos con Ramos.
 
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que tendrá poderes para levantar el sigilo bancario, fiscal y telefónico de los acusados y para interrogar a cualquier persona, estará integrada por 15 senadores y el mismo número de diputados federales.