La Comisión Europea quiere que la acogida de refugiados desde países ajenos a la UE deje de ser una excepción. Para ello propone un esquema común que contará con un incentivo económico: 10.000 euros por cada demandante de asilo que reasienten los países comunitarios. “El número exacto de reasentados deberá fijarlo el Consejo Europeo [representa a los países miembros]. Los Estados serán libres de decidir si quieren participar”, ha aclarado este miércoles el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos. El incentivo de este nuevo mecanismo supera los 6.000 euros por refugiado que ofrece el de reubicación de asilados desde Grecia e Italia.

Bruselas ha centrado hasta ahora sus esfuerzos en la reubicación de personas en busca de protección –desde Grecia e Italia al resto de socios- y en el reasentamiento desde Turquía, el país con el que la UE ha firmado el pacto migratorio que ha puesto prácticamente fin a los flujos desde las costas turcas. Pese al escaso éxito que han tenido las dos iniciativas (hasta ahora solo se han producido 3.056 de los 160.000 repartos comprometidos y 8.268 de los 22.000 reasentamientos previstos hace un año), el Ejecutivo comunitario quiere ampliar los esfuerzos.

Con la idea de que un marco legal creíble para acceder a Europa frena las salidas ilegales, Avramopoulos propone un instrumento que fije compromisos anuales (aunque voluntarios) y zonas geográficas de actuación prioritaria (de momento las mayores acogidas provienen de Turquía). Para disuadir a quienes pretendan arribar a la UE irregularmente, no podrán participar en este esquema demandantes de asilo que hayan accedido clandestinamente a Europa o que hayan rechazado ser reasentados en cualquier Estado miembro en los últimos cinco años. Los países deben también acoger a la familia cercana de los refugiados.

El comisario no ha aclarado qué ocurrirá con los Estados que se nieguen a participar en este esquema, del que ya están inicialmente excluidos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca porque tienen capacidad para desvincularse de las políticas de interior y justicia comunitarias. No estamos aquí para castigar, sino para lograr cosas. Continuaremos dialogando para convencer a los Estados, ha señalado Avramopoulos.

Junto a esta iniciativa, la Comisión ha presentado modificaciones en las reglas de procedimientos, cualificación y condiciones de acogida de los refugiados. El principal objetivo es unificar parámetros para evitar el atractivo que generan algunos países por ofrecer las mejores condiciones (por ejemplo, Alemania y Suecia) respecto a otros. Avramopoulos ha asegurado que no se tratará de homogeneizar a la baja, aunque existe ese riesgo.

 

Penalizaciones

La primera regla consiste en acelerar los trámites. Aunque los seis meses de plazo para decidir sobre la demanda de asilo se mantienen, habrá procedimientos acelerados, con un máximo de dos meses para examinar las condiciones del solicitante. Y quienes se desplacen de un país a otro recibirán penalizaciones: el derecho inicial que reciben a residir cinco años, hasta que se les otorga la residencia definitiva, se interrumpe y el contador se pone a cero si el asilado decide buscar mejores condiciones en otro país miembro. Si el refugiado se aleja de la vivienda que le ha sido asignada y las autoridades sospechan que puede huir, podrá ser detenido.

Estas medidas han merecido las críticas de organizaciones sociales. Las propuestas no intentan mejorar la protección de los refugiados, sino reducir las llegadas irregulares a Europa. Utilizan buenas palabras, pero enmascaran intenciones bastante cínicas, ha criticado Iverna McGowan, jefa de la oficina de instituciones europeas de Amnistía Internacional.