En pleno siglo XXI, existen países que mantienen la intolerancia a la comunidad LGBTTTIQ, siendo el caso de Uganda el que lo ha llevado al extremo inimaginable.
El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una de las leyes más duras del mundo contra el colectivo, pues en dicha legislación titulada "Ley Anti-homoxesualidad 2023" incluye la pena de muerte por "homosexualidad agravada", y cadena perpetua para quienes "promocionen la homosexualidad".
En varios países del continente africano se castiga con severidad las relaciones entre personas del mismo sexo y en Uganda se consideran ilegales.
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶 𝗵𝗮𝘀 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗛𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘅𝘂𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗰𝘁,𝟮𝟬𝟮𝟯
— Government of Uganda (@GovUganda) May 29, 2023
General @KagutaMuseveni , has executed his Constitutional mandate and assented to the Anti-Homosexuality Act, 2023. pic.twitter.com/PH8IUegBp3
La nueva norma estipula penas severas para los "infractores en serie" así como la transmisión de una enfermedad terminal como el VIH/SIDA a través del sexo gay. También decreta una pena de 20 años de prisión por "promover" la homosexualidad y esta es aplicable a medios de comunicación, periodistas y activistas.
Tras darse a conocer eestos hechos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la medida como una "trágica violación" de los derechos humanos y dijo que Washington evaluaría las implicaciones de la ley "en todos los aspectos del compromiso de Estados Unidos con Uganda."
"Estamos considerando medidas adicionales, incluida la aplicación de sanciones y la restricción de la entrada en Estados Unidos contra cualquier persona implicada en graves abusos de los derechos humanos o corrupción", reveló.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 78 años, ha calificado la homosexualidad como una "desviación de la normalidad" y ha instado a los legisladores a resistir la presión "imperialista".
De acuerdo con Reuters, Uganda recibe miles de millones de dólares de ayuda exterior cada año y ahora podría enfrentarse a medidas adversas por parte de donantes e inversores, como ocurrió con un proyecto de ley similar hace nueve años.