China insistió este jueves en que actuó "de acuerdo con la ley" al ejecutar a cuatro ciudadanos canadienses condenados por delitos de narcotráfico, pese a las solicitudes de clemencia por parte del gobierno de Canadá. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, condenó enérgicamente las ejecuciones, que tuvieron lugar en las últimas semanas, y reiteró su rechazo a la decisión de Beijing.  

"Condenamos enérgicamente las ejecuciones que tuvieron lugar contra canadienses en China", declaró Joly el miércoles en Ottawa. La ministra evitó discutir detalles del caso debido a las solicitudes de privacidad de las familias afectadas.  

Por su parte, el gobierno chino defendió su posición, afirmando que los ciudadanos canadienses fueron juzgados y condenados por delitos de narcotráfico, un crimen que Beijing considera de extrema gravedad. "Combatir los delitos de drogas es una responsabilidad común de todos los países", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.  

Mao aseguró que China "trata a los acusados de distintas nacionalidades por igual y sin discriminación", y que los casos se manejan "de manera justa y en estricta conformidad con la ley". Además, destacó que Beijing protege los derechos legítimos de las partes interesadas y los derechos consulares de Canadá.  

En un comunicado enviado al periódico canadiense Globe and Mail, la embajada china reiteró su política de "tolerancia cero" hacia los delitos relacionados con las drogas, calificándolos como "extremadamente perjudiciales para la sociedad".  

Las ejecuciones han exacerbado las tensiones entre China y Canadá, que ya enfrentan una relación diplomática complicada. Joly reveló que tanto ella como el ex primer ministro Justin Trudeau, quien dejó el cargo la semana pasada, habían pedido clemencia a China para evitar las ejecuciones.  

Las relaciones entre ambos países se han visto afectadas por varios incidentes en los últimos años, incluido el arresto en 2018 de una alta ejecutiva de telecomunicaciones china en Vancouver, y la posterior detención en China de dos ciudadanos canadienses acusados de espionaje. Además, Ottawa ha criticado la política de seguridad de Beijing en Hong Kong y el trato a la minoría uigur en la región de Xinjiang.  

China, por su parte, ha negado las acusaciones de interferencia en las elecciones canadienses de 2019 y 2021, y ha rechazado las críticas sobre su política interna. En 2023, Joly expulsó a un diplomático chino acusado de atacar a un legislador opositor crítico del Partido Comunista de China.  

Mientras tanto, Beijing continúa aplicando la pena de muerte en casos que considera graves, aunque las estadísticas oficiales sobre ejecuciones son clasificadas como secreto de Estado. Grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, estiman que miles de personas son ejecutadas en China cada año.  

Esta semana, Beijing también informó sobre la sentencia a muerte de un exingeniero chino por filtrar secretos de Estado a una potencia extranjera, lo que refleja la firme postura del gobierno chino en materia de seguridad nacional y justicia penal.  

La ejecución de los ciudadanos canadienses marca un nuevo punto de fricción en las ya tensas relaciones entre Beijing y Ottawa, con pocas señales de mejora en el corto plazo.

Con información de Proceso.