La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando la posibilidad de llevar a cabo ataques con drones contra cárteles de la droga en México, con el objetivo de frenar el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Esta información, revelada por NBC News y citada por El Financiero, se basa en declaraciones de seis funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas armadas, agencias de seguridad y servicios de inteligencia de EE.UU.
Las discusiones se encuentran en una fase inicial y contemplan la realización de ataques dirigidos contra figuras clave de los cárteles y sus infraestructuras logísticas en México, idealmente con la cooperación del gobierno mexicano.
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de acciones encubiertas unilaterales sin el consentimiento de México, consideradas como una opción de último recurso. Hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva ni se ha llegado a un acuerdo formal para implementar estas operaciones.
En respuesta a estos informes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que México rechaza categóricamente cualquier acción militar unilateral por parte de Estados Unidos en su territorio.
Sheinbaum enfatizó que tales medidas no resolverían el problema del narcotráfico y subrayó la importancia de respetar la soberanía nacional.
Estas deliberaciones se producen en un contexto de creciente tensión en la relación bilateral, especialmente después de que la administración Trump designara a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en enero pasado.
Esta designación otorga a Estados Unidos mayores facultades para intervenir en asuntos de seguridad relacionados con estos grupos.
Además, se ha reportado que la CIA ha intensificado misiones encubiertas de vigilancia con drones sobre territorio mexicano para recopilar información sobre las actividades de los cárteles.
Estas operaciones han generado preocupación en México, aunque el gobierno de Sheinbaum ha indicado que dichas acciones se realizan en el marco de acuerdos de cooperación bilateral.
La posible implementación de ataques con drones plantea desafíos legales y diplomáticos significativos, dado que implicaría operaciones militares en un país soberano. Expertos en seguridad advierten sobre los riesgos de daños colaterales y el potencial deterioro de las relaciones entre ambos países.
La comunidad internacional sigue de cerca estas discusiones, mientras se espera que ambos gobiernos busquen soluciones conjuntas que respeten la soberanía y aborden eficazmente el problema del narcotráfico.
