La Universidad de Harvard ha presentado una demanda contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales.
La institución alega que esta medida es una represalia por su negativa a implementar cambios exigidos por el gobierno, los cuales, según Harvard, vulneran su autonomía académica y los derechos constitucionales de la comunidad universitaria.
La demanda, interpuesta en un tribunal federal de Boston, sostiene que el congelamiento de fondos afecta investigaciones cruciales en áreas como enfermedades neurodegenerativas, tecnologías de seguridad militar, misiones espaciales y diagnósticos de cáncer mediante inteligencia artificial.
Harvard argumenta que las acciones del gobierno violan la Primera Enmienda y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, al condicionar la financiación a cambios ideológicos y administrativos.
Entre las exigencias del gobierno se incluyen la eliminación de programas de diversidad e inclusión, restricciones al activismo estudiantil y auditorías sobre la orientación ideológica de estudiantes y profesores.
La administración Trump justifica estas demandas como medidas para combatir el antisemitismo, citando protestas en el campus relacionadas con la guerra en Gaza.
El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha declarado que la universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales.
En una carta dirigida al gobierno, Garber afirmó que "ningún gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién debe admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir".
La Casa Blanca, por su parte, sostiene que las universidades que reciben fondos públicos deben rendir cuentas y actuar conforme a las leyes civiles, incluyendo la protección de todos los estudiantes contra el acoso.
El presidente Trump ha sugerido incluso que Harvard podría perder su estatus de exención fiscal si continúa promoviendo lo que él describe como "ideologías políticas y terroristas".
Este enfrentamiento marca un punto crítico en las relaciones entre el gobierno federal y las instituciones académicas, planteando interrogantes sobre los límites de la influencia gubernamental en la autonomía universitaria y el uso de fondos públicos como herramienta de presión política.
