La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una decisión que permite a la administración del presidente Donald Trump poner fin a los programas de libertad condicional humanitaria que otorgaban estatus legal temporal a más de 500 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con una votación dividida y sin una explicación detallada, el máximo tribunal suspendió una orden previa de un tribunal federal que bloqueaba la cancelación de estos programas mientras se resolvían litigios en curso.
Esta medida afecta a migrantes que ingresaron al país durante la administración del expresidente Joe Biden, quienes habían obtenido autorización para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un período de dos años bajo procesos especiales diseñados para esos cuatro países.
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron de la decisión, argumentando que el tribunal "subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastorne precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes".
El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por la secretaria Kristi Noem, había argumentado que revocar estos programas de manera individual sería una "tarea colosal", y que la autoridad para tomar decisiones sobre política migratoria recae en el Poder Ejecutivo, no en los tribunales.
Esta decisión se suma a una anterior del 19 de mayo, en la que la Corte permitió al gobierno revocar las protecciones legales de 350 mil venezolanos bajo un programa diferente, reforzando así los esfuerzos de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias y aumentar las deportaciones.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, señalando que muchas de las personas afectadas han establecido raíces en Estados Unidos y enfrentan situaciones peligrosas en sus países de origen.
La decisión de la Corte Suprema marca un giro significativo en la política migratoria del país y podría tener consecuencias profundas para cientos de miles de familias que ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.
