El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudó la semana pasada el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil de Internet, ley que desde 2014 exime a las plataformas digitales de responsabilidad por contenidos generados por los usuarios, salvo por orden judicial. El debate se intensifica en un clima de creciente polarización política y preocupación por los límites de la libertad de expresión.

En diciembre, tres jueces del STF, entre ellos el presidente de la Corte, Luís Roberto Barroso, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas para combatir la desinformación, el odio y los delitos en línea. Sin embargo, el ministro André Mendonça votó en sentido contrario, defendiendo el modelo actual. La próxima audiencia será este miércoles 11 de junio.

El Gobierno de Lula también impulsa un nuevo proyecto de ley que permitiría bloquear redes sociales sin orden judicial. Tras el fracaso del proyecto de ley 2630/2020 sobre noticias falsas, el Ministerio de Justicia trabaja en una propuesta que incluiría la creación de una autoridad reguladora. Lula ha declarado que si el Congreso no actúa, el STF debería hacerlo.

La polémica crece. Intelectuales y celebridades han pedido una mayor regulación en el manifiesto “Internet sin regulación mata”, mientras que las grandes tecnológicas advierten sobre el riesgo de inseguridad jurídica. Google, por ejemplo, advierte que abolir el artículo 19 no frenará los contenidos indeseados y podría alentar una eliminación indiscriminada.

Críticos señalan un riesgo creciente de censura. El periodista Mario Sabino advierte sobre una “externalización de la censura”, y expertos legales consideran que el Congreso, no el poder judicial, debe liderar la reforma. La reciente colaboración del Gobierno brasileño con China en temas de regulación digital también ha desatado controversias, especialmente tras conocerse que un enviado chino será recibido por la Secretaría de Comunicación Social.

Casos recientes de condenas por contenidos mediáticos, como la multa impuesta a una periodista y la sentencia de ocho años de prisión al humorista Léo Lins por sus chistes, han avivado el temor a una regresión en la libertad de expresión. Según Folha de São Paulo, la pena al cómico “es típica de las dictaduras”.

Con una ciudadanía dividida y un Congreso paralizado, el futuro de la regulación digital en Brasil se decide ahora entre los tribunales, el Ejecutivo y una sociedad civil profundamente polarizada.