El Ayuntamiento de Puebla buscará aplicar sanciones más drásticas a empresas que promocionan eventos en la capital poblana y que han dañado el mobiliario urbano como postes de alumbrado.

Para ello, se buscará clausurar los eventos que realicen empresas que dañen el mobiliario urbano de la capital que es dañado severamente por el tipo de material que usan para pegar la propaganda en los postes.

Lo anterior, debido a que las empresas han hecho caso omiso a las restricciones que pone el ayuntamiento para evitar el daño a estos elementos que se encuentran en vialidades importantes de la capital.

Al respecto, el Secretario de Gestión Urbana, Felipe Velázquez Gutiérrez destacó que la propuesta que se ha hecho a otras instancias como la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gobernación y Normatividad Comercial se clausure los eventos que se realicen en la capital identificando a la empresa que hizo la promoción pegando la publicidad en el mobiliario urbano.   

De hecho, afirmó que hace unos días trató de detener a un joven que estaba pegando propaganda de promoción de eventos en postes de la 2 Oriente, pero al reclamar lo sucedido y solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad pública, la persona huyó del lugar.

Y es que este problema genera gastos de aproximadamente 750 pesos por cada poste reparado y pintado, aunque hay casos en los que se ha tenido que retirar completo el mobiliario porque el daño ya era severo.

El funcionario municipal aseguró que la intención es terminar con la colocación irregular de esta publicidad en lugares no autorizados, sobre todo en postes de alumbrado y árboles que han sido afectados.

En este sentido, aseveró que el principal daño en los postes es que se han corroído por el daño en las capas de pintura, lo cual ha ocasionado que se pudran por la falta de la capa que los protege porque es arrancada cuando se retiran.

Por ello, afirmó que la autoridad municipal será la única facultada de establecer los lugares y permisos, de lo contrario se aplicarán las multas correspondientes que van de los 50 a mil 500 días de salario mínimo en contra de los infractores dependiendo de la gravedad del caso.