La alteración o falsificación de un documento oficial que podría ser una acta de nacimiento, testimonios de escrituras, libros de actas de catastros, actuaciones judiciales, pasarán a ser un delito grave en Puebla y su penalidad será superior a los cinco años de cárcel por lo que los responsables no podrán alcanzar la libertas bajo caución.
Fue el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Gerardo Mejía Ramírez quien propuso tipificar como delito grave la falsificación de documentos oficiales con la modificación al artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el estado de Puebla.
Durante la sesión permanente el también presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia al presentar los argumentos de esta propuesta dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó en los últimos cinco años 626 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de falsificación, uso de documentos falsos y usurpación de profesión, principalmente en casos de abogacía y medicina.
Mejía Ramírez advirtió que en Puebla no se tiene una estadística actualizada acerca de este delito pero aceptó que es importante el número de casos que se presentan pero en ocasiones no hay la denuncia y por lo tanto queda impune esta falta.
