El regidor del Partido de la Revolución Democrática en el Cabildo de Puebla, David Méndez Márquez califico como una irresponsabilidad social la aprobación en el Congreso del Estado de la iniciativa de privatización del manejo del agua en la entidad.
El regidor del Sol Azteca descalificó el hecho de que no se haya considerado una consulta pública y que la aprobación de esta concesión se realice al “Fast Track” en el Congreso del Estado este jueves y se haga lo mismo cuando se turne la iniciativa al Cabildo de Puebla para su ratificación, luego de que el municipio sea el ente legal de suministrar el agua potable.
Denunció que la iniciativa privilegia el negocio de un particular quien a partir de obtener la concesión en el control del vital líquido, afectará a los que menos tienen en la ciudad, la cual es considerada a nivel nacional como el tercer lugar con más pobres en el país.
En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el regidor perredista criticó la iniciativa aprobada por el Congreso del estado de permitir la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) al asegurar que con la experiencia que en 6 ciudades que se ha aplicado este sistema, la respuesta ha sido negativa parta la ciudadanía.
Incluso más que un beneficio para la calidad en el servicio de este suministro, termina siendo un negocio económico para unos cuantos, pues la experiencia ha demostrado que ha sido contraproducente, pues de acuerdo a especialistas, esto derivará en un mayor empobrecimiento de los ciudadanos.
Al recordar que el estado de Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de pobreza en el país, el cabildante reiteró que esta iniciativa es una irresponsabilidad social.
“Es una irresponsabilidad social porque además de que pareciera ser que la iniciativa que fue presentada al Congreso del estado, la redactó el abogado de los futuros concesionarios porque obviamente tiene todas las condiciones y características para proteger sus intereses”.
Esto al destacar que por un lado elimina la facultad al Poder Legislativo de regular y determinar las tarifas para el cobro por la prestación de este servicio, dejándolo a los intereses de los futuros concesionarios, la decisión de aplicar las tarifas que mejor les convenga.
Es decir que la aplicación de las tarifas para el cobro de este servicio, ya no será obligación del Congreso del estado, sino que le entrega toda la facultad al concesionario del Soapap y el cual fija los precios que mejor le convenga.
“La experiencia que hay en todas esta ciudades que han caminado por esta ruta es efectivamente es que las tarifas han llegado incluso a incrementarse en algunos años hasta incluso llegar a un 700 por ciento, como sucede en algunas ciudades”.
