El personal de los despachos de cobranza que contratan las instituciones bancarias así como organismos como Infonavit podrían alcanzar penas hasta de tres años de prisión y multas de veinte mil pesos en promedio por utilizar métodos abusivos al requerir el cobre a los deudores.
La diputada Miriam Galindo Petriz indicó la semana pasada presentó al pleno una iniciativa que pretende frenar los abusos que comenten los cobradores en contra de personas que lo mismo se atrasaron en uno o varios pagos.
Explicó que será la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, quien estudie la Iniciativa por el que se adiciona el artículo 415 bis al Código Penal del Estado, para establecer una pena de seis mese a tres años de prisión y una multas de 180 a 360 días de salario mínimo, a quien por cualquier medio requiera el pago de una deuda fuera de los procedimientos judiciales, empleando además amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento de manera reiterada.
En entrevista dijo que independientemente del delito señalado se aplicará otra sanción si emplea documentos y sellos falsos o usurpen funciones públicas o de profesión.
