La Universidad Iberoamericana Puebla externó su preocupación contra la llamada "Ley Bala" al hacer un llamado a las autoridades para que sea revisada, debido a la violación de derechos humanos.
Y enumeró que se corre el peligro de restringir el espacio público, generar una represión desproporcionada a quienes se expresan y manifiestan, de criminalización directa e indirecta, además de la discrecionalidad de la autoridad para detenciones arbitrarias.
Por medio del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., la Ibero solicitó una revisen que las acciones y procedimientos estén apegados a los estándares internacionales y no restrinjan derechos, ni censuren acciones de "exigibilidad" como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía.
“(…) en todo el mundo, tanto individualmente y en asociación con otros, el Estado garantizaraì que no haya violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de hecho o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como con- secuencia del legítimo ejercicio de los derechos a quienes participen”.
“Sobre tales fundamentos, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, manifiesta su preocupación ante la aprobación (…) ”
“(…) Detrás del argumento que esta esgrime sobre la necesaria intervención de la fuerza pública en pro de la “salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de las personas” o de la dignidad misma, en realidad legitima y legaliza el uso de la violencia, para “lograr un equilibrio (aparente) entre las funciones de seguridad pública y la protección de los derechos humanos”.
“Así se ha visto ya previamente en otros estados donde se han aprobado legislaciones similares que han terminado por restringir el espacio público y generar una represión desproporcionada a quienes se expresan y manifiestan”.
“Asimismo, es necesario decir que este proceso legislativo, al que por cierto no fueron convocadas las organizaciones de la sociedad civil ni la academia, representa para la sociedad un alto riesgo de criminalización directa e indirecta de toda aquella ‘persona que represente un riesgo’, a discrecionalidad de la autoridad, que puede derivar en detenciones arbitrarias”.
“El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., al tiempo de externar su preocupación por la reciente aprobación de esta ley, hace un llamado a las autoridades competentes para que revisen que sus acciones y procedimientos estén apegados a los estándares internacionales y no restrinjan derechos, ni censuren acciones de exigibilidad como la protesta social en espacios que pertenecen a la ciudadanía”, termina parte del texto.
Foto Agencia Xinhua
