A través de su blog, la diputada federal por Atlixco, Rocío García Olmedo, pidió que se investigue si el protocolo ocupado por la fuerza pública estatal en el desalojo del pasado 9 de julio en el kilómetro 16 de la autopista Atlixco-Puebla respetó los derechos humanos o no de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Tras los hechos ocurridos en los últimos días, que derivaron en la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, consecuencia de una manifestación ciudadana la cual fue dispersada a través de la fuerza pública, en mi calidad de Diputada Federal integrante de la Comisión de Derechos Humanos, preciso lo siguiente:
1- Lamento profundamente la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de tan solo 13 años de edad y expreso a su familia mis más sentidas condolencias.
2- La violencia no debe ser la vía para solucionar las diferencias; es imprescindible, en todos los casos, agotar el dialogo y la negociación.
3- Hago un llamado a las autoridades estatales a salvaguardar, ante cualquier escenario, la integridad física y los derechos humanos de las personas, sea en una manifestación o en cualquier situación cotidiana.
4- Es importante que deje de existir represión y sí disposición de escuchar y atender las necesidades de la población.
5- Si bien ya se generó una muerte, es necesario que se otorgue atención sin condicionamientos a las personas que resultaron lesionadas (policías y manifestantes).
6- El deceso del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo obliga a investigar a fondo si el protocolo utilizado para el control de los manifestantes fue el indicado, así como el probable uso desproporcionado de la fuerza, tal como lo han mostrado diversas imágenes en redes sociales y medios de comunicación.
7- Tras las probables irregularidades, se sancione a todo aquel que por acciones, decisiones u omisiones, lastimaron la integridad física y los derechos humanos de quienes se han visto directamente involucrados.
8.- Evitar en un futuro situaciones tan lamentables como las ocurridas en este evento, así como emprender medidas para respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales en contextos como el ocurrido y en el que se presentan colisiones de derechos de gran valor dentro de todo Estado que se asuma como democrático.
9.- Un Estado de derecho es, por antonomasia, un Estado sujetado al imperio de la Ley, no así al imperio de la fuerza.
Haré lo conducente ante la Cámara de Diputados para que en Puebla se fortalezcan las garantías que el Estado debe proveer a sus gobernados.
