Aun no han sido notificados los cuatro detenidos por el enfrentamiento en Chalchihuapan, de la baja de los delitos que les imputa el gobierno del estado, por lo que podría ser hasta el próximo martes cuando salgan en libertad caucional.

Este viernes por la noche, por medio de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, informó que redujo ocho delitos de los 10 que inculpaban a las cuatro personas originarias de la señalada junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.

Este informe se dio justamente un día después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalara que entraría a la investigación de “violaciones graves” a las garantías individuales.

Asimismo este viernes, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por primera vez habló del tema con un cambio de discurso, al señalar que si hubo policías que incurrieron en delitos en este enfrentamiento, se les castigaría.

Al respecto, el abogado defensor de los detenidos, Raúl Rodríguez de la Fuente, comentó a Intolerancia Diario que no han sido notificados oficialmente de parte del juez penal que lleva el caso.
Sin embargo, añadió que podría ser hasta el próximo martes cuando salgan en libertad bajo fianza, ya que los delitos que quedaron no son catalogados como graves.

“Hay ahorita una situación muy delicada, hay que ser muy mesurados en todo lo que diga la Procuraduría, estamos esperando que esto se a realidad, esto ahorita lo dice porque es un pedimento del Ministerio Público que se tiene que reflejar en el juzgado”, señaló.

-¿El juez le tiene que informar?

-Así es, o en su caso nosotros constituirnos en el juzgado, pero como lo están trabajando, no se va a poder ver el proceso, hay que tener mucha calma, yo creo que el martes estarán claras las cosas.

-¿Por qué hasta el martes?

-Pues es por un tiempo razonable, se hace una petición, vamos a suponer que se hizo ayer, entonces el juez le tiene que dar vista, le tienen que dar un a razón de fondo y él tendría que hacer su acuerdo y eso se lleva hasta 48 horas.

“Pero no sabemos si ahorita eso realmente está en el proceso, por eso debemos tener calma”, dijo al tiempo se señalar que ya podría haber libertad bajo fianza. “Pero vamos a respetar ahorita la situación y esperemos a que ya estén claras las coas.

Mencionó que existe confianza de que la intención es que el gobierno estatal ya decidió bajar el tema, para llegar a acuerdos razonables en el caso que ha sido un escándalo a nivel nacional.

Las cuatro personas se encuentran detenidas desde el pasado 9 de julio, durante el enfrentamiento entre policías estatales contra manifestantes de la población de San Bernardino Chalchihuapan, cuando exigían el regreso del Registro Civil a su comunidad.

De este enfrentamiento derivado del desbloqueo de la autopista Puebla- Atlixco. Resultaron lesionadas decenas de personas manifestantes, así como policías estatales y el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad que murió días después.

La muerte del pequeño se debió por un proyectil arrojado en el enfrentamiento, el que aseguran los pobladores que fue una bala de goma, mientras que las autoridades del gobierno del estado, que fue un cohetón lanzado por los manifestantes.

Esta controversia ha derivado en el peor escándalo a nivel nacional e internacional de un gobierno de Puebla, desde el 2006, en el gobierno de Mario Marín.


La libertad

El pasado viernes, la PGJ, informó por medio de un comunicado que se bajaría el número de delitos contra las personas detenidas de Chalchuhuapan, ya que fueron aprehendidos antes de la trifulca.

Este señalamiento fue solamente después que la CNDH informara que atraería el caso, de violaciones muy graves, como señaló en un comunicado. Ahora la PGJ se dio cuenta que los detenidos fueron apresados antes de la trifulca.

“Derivado del análisis de los elementos que han sido aportados y la realización de 98 dictámenes, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) ha decidido promover ante el Juez penal correspondiente, un incidente de libertad por desvanecimiento de datos”.

“En relación a los delitos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas; tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, la PGJ promovió ante la autoridad judicial el incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

“Lo anterior se consideró derivado del análisis de las pruebas periciales desahogadas y de las declaraciones que obran en la averiguación previa, tomando en cuenta que los 4 presuntos responsables fueron asegurados al momento en que participaban en el bloqueo de la autopista, sin embargo, la agresión a la Policía Estatal y la lesión que desafortunadamente le causó la muerte al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrieron en momentos posteriores, por lo que el agente del Ministerio Público mantiene únicamente las acusaciones relativas al delito de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.

“Además de todos los elementos técnicos, gracias al material que se ha hecho llegar por parte de la sociedad y de los medios de comunicación, se ha logrado determinar con mayor precisión qué utilizó el grupo que generó las principales agresiones el día de los hechos.

“La PGJ ya puso a disposición del Juez penal las conclusiones anteriores para que sea la autoridad judicial la que resuelva la situación jurídica de las 4 personas referidas.

“Se destaca que además con esta determinación, se pone de manifiesto la buena fe de la Institución del Ministerio Público, dado que en caso de resolverse a favor de los inculpados, tendrían derecho a la libertad bajo caución.
“La PGJ cumple en el ámbito de su competencia, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los inculpados. En paralelo, la Procuraduría General de Justicia de Puebla mantiene abierta la investigación para deslindar responsabilidades ante los hechos derivados del bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco, registrado el miércoles 09 de julio de 2014.

Las 4 personas siguen implicadas en el delito de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por lo que habrá de definirse el seguimiento de su caso.

Detenidos

Félix Xelhua Montes

Antonio Víctor Montes Contreras

Santiago Pérez Tamayo

Sergio Clemente Jiménez Tecalero

Derechos humanos

Después de 22 días del violento desalojo en San Bernardino Chalchihupan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó una investigación en torno a las violaciones graves a los derechos humanos.

La CNDH catalogó el expediente como “investigación de violaciones graves a los derechos humanos, dado que la naturaleza de los acontecimientos resultaron de especial gravedad, trascendiendo el interés de la entidad federativa e incidir en la opinión pública nacional, por actos que vulneraron los derechos a la vida, integridad física y seguridad de las personas agraviadas”.

Semanas antes en la discusión sobre la polémica “ley Bala” la CNDH señaló que la versión modificada de la “ley Bala” no viola ningún precepto constitucional.

Pero fue apenas días después de que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, recibió el reconocimiento por parte de las autoridades estatales en una visita reciente, incluyendo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Plascencia Villanueva ordenó radicar la investigación, notificar a las autoridades señaladas como presuntamente responsables, solicitar se rindan los informes en términos de ley, y que personal de ésta Comisión Nacional lleve a cabo todas las diligencias, visitas de campo, certificaciones, entrevistas, consultas de archivos y demás actuaciones necesarias para la debida investigación de los hechos”, detalló el organismo en el comunicado.

El pasado 20 de julio, la dependencia atrajo el caso del menor José Luis Alberto e indicó que envió visitadores adjuntos para verificar el estado de salud de las personas que se encontraban en el lugar, especialmente la del menor que falleció por un paro cardiorespiratorio.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE), presentó ayer su peritaje del caso, donde culpó nuevamente a los pobladores de Chalchihuapan por la muerte del menor y dijo que la onda expansiva de un cohetón es lo que provocó la herida del menor.

El procurador de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, agregó que “por parte de los grupos en confronta se utilizaron piedras, resorteras, bombas molotov, y en particular cohetones de propulsión, explosivos de dos tipos; ambos de manufactura no industrial”.

Por su parte, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos también denunciaron la ausencia de Estado de derecho en Puebla y demandaron la separación del Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, para que no interfiera en las investigaciones del asesinato del niño José Luis. Los activistas y las organizaciones coincidieron en que se han fabricado mentiras para inculpar a los pobladores afectados. Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, denunció que en uno de los videos donde se trata de inculpar a los pobladores salen las declaraciones de un oficial de la policía identificado como Mario Tomás González Ricaño, quien fue detenido en 2011 por trata de personas y prostitución de menores.