En Tlanepantla evidencian presuntas irregularidades por más de 88.7 mdp

Después de poco más de un año que Intolerancia Diario dio a conocer el malestar de habitantes del municipio de Santa Isabel Tlanepantla por la falta de seguridad, ausencia de obras para la ampliación de servicios básicos e infraestructura urbana, escasez de agua potable y el ineficaz servicio de recolección de basura, entre otras inconformidades, vecinos del lugar se manifestaron —nuevamente— ante la presunta malversación y desvío de recursos de su alcalde, Luis Porfirio Aniceto Rojas Peregrina, luego de que se revelaran diversos documentos por parte de algunos regidores y del contralor del ayuntamiento.

De acuerdo a los documentos, cuya copia posee Intolerancia Diario, enviados y recibidos por el Congreso, la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado para solicitar una exhaustiva investigación y revisión al actual gobierno municipal de Tlanepantla, los montos por el supuesto desvío y malversación de recursos ascienden a más de 88.7 millones de pesos, en los que se presume que el manejo del erario público fue hecho por el alcalde Luis Porfirio Aniceto Rojas Peregrina, en complicidad con la regidora de Educación, Teresa González López, y el tesorero municipal, Vicente Rosales Jiménez.

Entre las supuestas anomalías se enlistan un recurso económico que fue entregado por la Secretaría de Finanzas, por 2 millones 47 mil 222.73 pesos, por el concepto del adoquinado de la calle Barranquillas, obra que no fue ejecutada; además, según las observaciones hechas por el contralor municipal Arturo Martínez y Huerta, para este recurso se expidió un recibo con el número de folio A-7818 por esa cantidad; después, el edil argumentó que la dependencia estatal le pagaría en tres exhibiciones y que finalmente le canceló, aunque nunca entregó ni demostró la cancelación del primer recibo.

Otro, al que consideran más grave, es que el alcalde supuestamente solicitó un crédito hipotecario a una financiera en la ciudad de México para el proyecto de la construcción de la “nueva presidencia municipal”, por 84 millones de pesos, a pagarlo en un tiempo de poco más de 20 años (en las que intervienen las firmas del Luis Rojas Peregrina y su tesorero Vicente Rosales); sin embargo, al actual inmueble sólo se le hicieron unas modificaciones innecesarias, que derivaron en daños en su estructura y la evidente nula aplicación de este recurso.

Además, señalaron que al inicio de la actual administración se adquirió una camioneta marca Nissan X-Trail Advance Tela, modelo 2011, para uso personal del primer regidor de la comuna, la cual fue comprada con recursos del erario público por más de 349 mil pesos, a nombre del síndico municipal Ricardo Castillo Garcés, y que en la actualidad se desconoce su paradero o quién la vendió, pues —según lo informan— no existe registro alguno de ingreso en la Tesorería municipal (copia de factura que está en poder de esta casa editora).

A su vez, parte del cuerpo edilicio —en el documento enviado a la Auditoría Superior del Estado de Puebla— aseguró que para el Instituto Municipal de la Mujer se destinó un recurso de poco más de 470 mil pesos, de los cuales se desconoce para qué fueron aplicados y el edil sólo se excusa que fueron “desviados” para obras, pero tampoco informó cuáles.

Asimismo, señalaron que una de las trabajadoras del Sistema Municipal DIF, Norma Beristaín Gordillo (de la que también afirman es la presunta pareja sentimental del edil), es la que maneja la dependencia junto con el.

A esto se le suma el cobro de dos cheques de Bancomer expedidos en el mes de septiembre del año en curso, a nombre de Mario Lucas Cristóbal, quien funge como ayudante del director general de Obra Pública y a su primo, Jesús Eduardo Lucas López, por una suma total de 385 mil 89.89 pesos. 

“De esto último, se solicitó al tesorero Leopoldo Vicente el motivo o razón de dicho pago, pero este último se negó a dar la información. Además, se detectó que Mario Lucas Cristóbal, ayudante del director general de Obra Pública municipal, también ejerce la actividad de contratista y proveedor de materiales para la construcción”, cita el documento enviado y recibido por el Congreso de Puebla el pasado 13 de noviembre de este año.

Por su parte, el regidor de Gobernación, Humberto Ramírez Morón, expuso que el edil tiene registrada a una planilla de 12 policías cuando actualmente sólo quedan tres y se falsifican las firmas del resto del personal para seguir cobrando la nómina completa. 

Aseguró que la corporación policiaca municipal carece de equipo, patrullas y armamento necesario para hacer frente a la delincuencia, que en los últimos meses se ha incrementado. 

Mientras que el regidor de Hacienda, Dionisio Dorantes García, indicó que se solicitó un préstamo (en este año) a Banobras por un millón 400 mil pesos para la construcción del techado del mercado municipal; sin embargo, inicialmente, esta obra estaba calculada en 780 mil pesos, aunque, según el contralor municipal, estos recursos habían sido erogados desde el pasado mes del abril de 2012.

Por otro lado, Dorantes García ejemplificó que dos leones de piedra de cantera que serían instalados en la plaza cívica municipal, junto con otras 19 esculturas, el edil los cotizó en 30 mil pesos cada uno, cuando su costo real es de 15 mil pesos.

Entre las observaciones hechas por el contralor municipal Arturo Martínez y Huerta hechas hacia la Contraloría y Congreso del estado es que de los proyectos que se han realizado han sido ejecutados supuestamente por el compadre del edil y albañil de oficio, Margarito Hernández Martínez, quien además fue designado como vocal del Coplademun y encargado de las obras públicas.

“Supliendo como subcontratista a los ingenieros representantes de las constructoras que tenían la obligación de haber dirigido técnicamente la ejecución de las obras públicas, como sucedió con las obras del bachillerato y construcción del local de usos múltiples, la Unidad de Servicios Administrativos y la construcción del kínder “de nueva creación”, entre otros.

Ante esto, los vecinos externaron su rechazo e inconformidad pues aseveran que las obras, además de ser de dudosa calidad, no contaron con la supervisión de ingenieros o arquitectos para avalarlas en seguridad de sus beneficiarios.

Por ello, en diversas ocasiones, han exigido al edil Luis Porfirio Aniceto Rojas Peregrina rinda cuentas claras de su gestión, aunque éste les “argumenta” que no tiene la obligación de hacerlo y además, cuenta con el apoyo de funcionarios estatales y presume que el propio gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, es quien lo “protege y respalda en sus acciones”.

Finalmente, pese a que vecinos de Tlanepantla, encabezados por el señor José Salvador Hermelindo Gutiérrez González, acudieron de manera pacífica al ayuntamiento el pasado jueves 28 de diciembre del año en curso para hablar con el alcalde, éste se negó —otra vez— a recibirlos con la “promesa” de que los atendería “mañana”, por lo que advirtieron que en caso de que las autoridades correspondientes no intervengan iniciarán las protestas en Puebla capital, a fin de que sus demandas sean escuchadas.