Advirtieron que de continuar la insistencia en derribar las viviendas, podría desatarse un enfrentamiento contra las autoridades municipales.
La mayoría fueron trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, ubicados a un costado de la Calzada Benito Juárez de la colonia La Paz, en Atencingo.
Explicaron que el pasado 25 de agosto fueron notificados por la autoridad municipal de desalojar los predios, o de lo contrario amagaban con demoler las viviendas.
Señalaron que el lunes pasado llegó con maquinaria pesada para demoler las casas, donde se pretende construir un centro comercial y la presidencia auxiliar.
Esto, comentaron, ha generado la indignación y molestia de las familias, quienes solicitaron la intervención del gobierno del estado, para evitar un enfrentamiento.
Este agravio hacia la población amerita la solicitud de la revocación del mandato del alcalde Edgardo Ponce por atentar contra el patrimonio de los vecinos y falsear declaración ante un juez federal”, demandaron.
Los amparos
Ernesto Lucero Flores, uno de los poseedores del predio, señaló en entrevista, que han promovido tres amparos federales.
Los amparados son: Gerardo Arriaga Juárez (1725/2017); Fernando Rojano Brindis (1731/2017); y María Luisa Ayala González (1730/2017).
Esta situación generó que el edil Ponce Cortes, no pueda desalojarlos, sin embargo, temen de que cumpla sus amenazas, desacatando la orden federal.
Y es que afirmaron, llegó con maquinaria, para intentar derribar las viviendas, pese a que se encuentran en litigio, a través de un juicio de usucapión.
Alberto Hernández Romero y Ernesto Lucero Flores, dirigentes del Frente de Colonos “8 Junio”, señalaron que las casas no se encuentran afectadas en su estructura por el sismo del 19 de septiembre.
Pero ahora llegó otro temblor, que nos la quiere quitar”, señaló Alberto Hernández.
Explicaron que desde el 25 de agosto fueron convocados a un diálogo con el edil, quien les ordenó desalojar las casas o estas serían derribadas.
Esta postura del presidente municipal generó indignación y molestia entre los pobladores afectados, quienes tienen entre 15 y 20 años de habitar sus viviendas.
Incluso, destacaron que en el caso del señor Fernando Rojano Brindis cuenta con más de 40 años de vecindad.
Por esta razón, Alberto Hernández y Ernesto Lucero informaron que interpusieron tres amparos colectivos para que la justicia federal proteja a estas 11 familias.
En el proceso de los juicios (de amparo) el presidente declaró por escrito ante el juez federal, que no amenazo con desalojar y mucho menos demoler, pero eso es mentira”, señalaron.
El 3 de noviembre en segunda reunión en la casa de justicia de Izúcar de Matamoros para conciliación, la autoridad llegó en la misma postura autoritaria y amenazante”, afirmaron.
“El gobierno de Chietla no cuenta con el derecho de vía ni la autorización de Ferrocarriles Nacionales de México para construir en lugar de las viviendas que serán demolidas, las cuales colindan con la zona federal de la vía del ferrocarril”, dijeron.
Además, señalaron que el presidente municipal afirma que cuenta con las escrituras de las 11 casas, sin embargo las familias están en proceso de obtener los documentos que acreditan la propiedad.
inalmente, los afectados solicitaron audiencia con el gobernador Tony Gali Fayad, para que los apoyen y no sean demolidas las casas.