De acuerdo con el protocolo para el cuidado a los migrantes que soliciten asilo y su protección en el sistema de justicia mexicano, está prohibida su expulsión o devolución a su país de origen y deben ser acogidos de acuerdo con mandatos internacionales.

Lo anterior, con base en los Estándares interamericanos de protección a niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitantes de asilo y su aplicación en el sistema jurídico mexicano, señaló Karla Fernanda López Cuellar, de la Ibero Puebla, recurrió al artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, que ratifica la no expulsión ni devolución.

La académica explicó que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

Sin embargo, aclaró, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.

Por su parte, Kelly Marcela Betancurt Martínez, también autora del mismo estándar, dijo que tampoco puede ocurrir habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.

Conforme a lo anterior y atendiendo las directrices del comité ejecutivo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se encuentra prohibido a los Estados devolver a una persona en condición de refugiado, a un territorio en el que su vida, libertad o integridad, corran peligro.

Lo anterior, independientemente de si ha adquirido tal estatus jurídico, conforme los parámetros establecidos para ello; esto con el fin de que se genere una protección efectiva de derechos.

“El principio de no devolución se aplica no solo a los refugiados reconocidos, sino que también a aquellos a quienes no se les ha declarado formalmente su estatuto”.

Es por ello, dijo, por lo que la prohibición de no devolución se ha desarrollado de tal forma que ha adquirido un carácter absoluto, tanto, que es considerada, según la oficina del Alto Comisionado de la ONU para  los refugiados, las obligaciones de no devolución.

Cinthya Denisse Mora Castro, reveló que como resultado de la expulsión del país de acogida, se expone a la persona en condición de refugio a una tortura inminente.

Es por ello por lo que, se debe observar, a su vez, las obligaciones derivadas de la prohibición consagrada en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984.

“El derecho a la no privación de la libertad y la prohibición de su detención y, finalmente, las garantías mínimas en torno al derecho al debido proceso”.

Además, se debe reconocer los aciertos del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en el sistema jurídico mexicano.

Asimismo, como vislumbrar los obstáculos que aún enfrentan las niñas, niños y adolescentes no acompañados que buscan recibir asilo en México, relacionando los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia.