El presidente de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, informó que su ayuntamiento solicitará sea tomado en cuenta para que cobre el Derecho de Alumbrado Público (DAP).
A pocos días de que se aborde el tema del presupuesto para el 2023, explicó que en el municipio hay 15 mil luminarias, de ellas 5 mil 500 necesitan ser renovadas y el resto requiere mantenimiento.
“Solicitaremos que se pueda tomar en cuenta, recordar que la ocasión pasada varios municipios fueron beneficiados con este impuesto, algunos no fuimos considerados para ello”, dijo el alcalde en entrevista con medios de comunicación locales.
“Espero que, en esta ocasión, San Andrés Cholula pueda entrar dentro del grupo de municipios que lo cobran actualmente y que sin duda alguna genera un ingreso para convertirlo en servicios para todos”, subrayó.
De poderse aplicar, reveló que sería de acuerdo con el tabulador que se establezca, pero sería el más bajo para no afectar la economía de los ciudadanos sanandreseños.
Asimismo, reveló Tlatehui Percino que los trabajos los realizará una empresa con quien se tiene un contrato por tres años, por un monto de 57 millones de pesos.
Afirmó que la ciudadanía sanandreseña está percibiendo un cambio en sus lámparas, por lo que aseguró que el poder implementar el DAP permitirá finalmente trabajar en el mejoramiento del alumbrado público.
“Las lámparas se están cambiando, porque ya terminó su vida útil, y los ciudadanos lo agradecen; se está trabajando para que San Andrés Cholula dignifique sus servicios, es la responsabilidad que tiene el gobierno”, sostuvo.
Cabe destacar que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hace unos días opinó que el hecho de pedir a la ciudadanía el pago por la energía eléctrica utilizada para iluminar la vía pública, no es “inconstitucional” ni mucho menos un acto de “traición”.
Tras conocerse que el edil capitalino, Eduardo Rivera Pérez, solicitará al Congreso del Estado una nueva oportunidad para analizar que su ayuntamiento sea capaz de incluir el DAP en su Ley de Ingresos para 2023, el titular del Ejecutivo local respaldó que los gobiernos municipales puedan recaudar este derecho, pues insistió que no es un impuesto.
“Está perfectamente claro, el cobro del DAP, que no es un impuesto, es un derecho, no es inconstitucional”, sostuvo.
Refirió que los ingresos por este concepto permiten, entre otras cosas, que los gobiernos municipales subsanen sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues aseguró que dicho organismo no “regala” la energía eléctrica.
