Pese a que el ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez se le acusó de un presunto daño patrimonial por más de 22.7 millones de pesos en obras como la Central de Abastos y las “Unidades Básicas de Vivienda”, ambos proyectos con recursos gestionados ante el entonces Gobierno Federal a través de la extinta Sedatu, las familias defraudadas exigen a las autoridades se dé continuidad al proceso de investigación y deslinde de responsabilidades, esto luego de que Navarro Rodríguez busca nuevamente contender por la alcaldía de dicha demarcación.
En entrevista a Intolerancia Diario, los defraudados del programa denominado “Unidades Básicas de Vivienda” y de la Central de Abastos, proyecto que fue gestionado a través de la extinta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) manifestaron su molestia esto luego de que, pese a que ya pasaron casi 4 años que denunciaron las presuntas irregularidades y del desvío de recursos, hoy en día siguen sin tener respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“A cada una de las familias que supuestamente recibiríamos estas viviendas nos pidieron un cobro de hasta 50 mil pesos; sin embargo, hasta la fecha, estas unidades de vivienda no cuentan con los servicios básicos para habitarlas. Hoy, siguen en el abandono, saqueadas y sirven como guaridas de delincuentes por las noches”, refirió uno de los afectados quien solicitó el recurso del anonimato por temor a represalias.
De acuerdo a la información entregada a esta casa editora, en el acta de cabildo número 48 con fecha de 06 de enero de 2015, la comuna autorizó la aportación de 3 millones de pesos como el pago que le correspondía al municipio para la ejecución de la Central de Abastos; en la misma acta, se aprueba un recurso de 500 mil pesos para la ejecución de las 100 “Unidades Básicas de Vivienda 2015” situadas en Santa Inés Borbolla. Ambos gestionados ante la extinta Sedatu.
Mientras que en el acta de cabildo 68, con fecha de 27 de marzo de 2015, el cabildo autorizó un crédito de Banobras la cantidad de 2 millones 775 mil 975.72 pesos que sería la aportación del municipio para la compra del predio para la ejecución de la Central de Abastos y la primera etapa de las Unidades Básicas de Vivienda.
“La aportación del gobierno federal fue de 9 millones 202 mil 192.03 pesos; el recurso entregado por los 50 locatarios sumó un total de 10 millones de pesos 877 mil 313.63 pesos y que, con la aportación del ayuntamiento encabezada por Juan Navarro sumaron un total de 22 millones 775 mil 480.08 pesos".
Repartición entre familiares
Cada bodega tendría un costo de 217 mil 546.27 pesos; sin embargo, los pagos se elevaron a 250 mil o 300 mil pesos dependiendo para quién ya que, entre los beneficiarios, presuntamente están los hermanos y familiares de Juan Navarro y ex funcionarios del entonces ayuntamiento.
“El problema fue que la primera y parte de la segunda etapa de ambos proyectos se empezó a construir en un ejido “donado” (por la cantidad de 200 mil pesos) por el cuñado de Juan Navarro (el hoy finado, Juan Carlos Hernández Ortíz, quien fungía como director del DIF municipal). La obra la comenzó la constructora con razón social Prologyca y la terminó Juan Navarro con su empresa de construcción y personal de Obras Públicas. Al final, el ex edil informó que había comprado el terreno ejidal por la cantidad de 2 millones de pesos (según las actas de cabildo)".
“Por otro lado, para la ejecución de estos proyectos uno de los requerimientos que exigía la extinta Sedatu es que debían contar con los servicios básicos, la pavimentación de los accesos al lugar, el convenio para la regularización de la tenencia de la tierra. Hoy, las unidades de vivienda que presuntamente serían destinadas a familias en situación vulnerable, fueron repartidas entre familiares del ex edil y de ex funcionarios. Unos tienen hasta 5 casas juntas".
“Para nosotros es un descaro que, pese a todas las anomalías, el supuesto priísta, Juan Navarro tenga la intención de ser nuevamente candidato por el Frente Amplio por Puebla (PRI, PAN, PRD y PSI) e incluso, presuntamente está en negociaciones con Morena para buscar la alcaldía”.
Cabe mencionar que, de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, contenida en los informes individuales y como resultado de la fiscalización Superior Realizada a la entidad fiscalizada el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se determinaron 19 observaciones preliminares y en el 2018 suman 105 observaciones sin que, hasta el momento, se tenga información de dicho procedimiento.
