El ayuntamiento de Tlalancaleca, que encabeza el alcalde Óscar Anguiano Martínez, perdió un juicio por el despido injustificado de un policía municipal, por lo que fue obligado a indemnizar al elemento y pagarle los salarios caídos, además de que el Cabildo fue exhibido por hacer una indebida normatividad.
A través de un amparo la justicia federal corrigió la plana al gobierno del edil panista que ahora anda en campaña porque ambiciona reelegirse para el periodo 2024-2027, con lo cual sumaría su quinta administración al frente del municipio.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Orales, exhibió los abusos cometidos contra el policía Ricardo S., quien fue despedido mediante un procedimiento administrativo plagado de irregularidades.
Esto fue posible por varias anomalías que contienen dos documentos elaborados por el Cabildo en la actual administración: el Reglamento Interno del Ayuntamiento y el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil.
Tras su despido, el oficial recurrió al amparo para solicitar la invalidez de ambos documentos, por considerar que su contenido resulta inconstitucional y violatorio de los derechos laborales.
En la sentencia del Juicio de Amparo 824/2023, la jueza Edna Matus Ulloa concluyó que ambos reglamentos se utilizaron de manera dolosa contra el policía, por lo que invalidó el procedimiento administrativo y echó abajo los reglamentos.
De igual forma, ordenó al Cabildo modificar dicha normatividad para corregir las arbitrariedades que contiene a fin de que no se vuelvan a utilizar deliberadamente en contra de otro trabajador del ayuntamiento.
Concretamente, los responsables del abusivo procedimiento administrativo fueron: Guillermo Diaz Reyes, regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, así como el Director de Seguridad Pública y Protección Civil.
Por lo anterior, se ordenó al ayuntamiento de Anguiano Martínez indemnizar con 150 mil pesos al policía afectado, así como cubrir sus salarios y prestaciones a las que tenía derecho desde el día de su baja, hasta el día que se diera cumplimiento a la sentencia.
No obstante, no se ordenó su reinstalación, ya que esta no está contemplada en la ley, por lo que esto tendrá que ser acordado mutuamente entre el denunciante y el gobierno municipal, aunque en su expediente policial se tendrá que precisar que fue despedido injustificadamente, para que así se garantice su derecho a conseguir otro empleo.
