El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, consideró que la reforma al Artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que sanciona la difusión de rumores que alteren el orden público, resulta contraria al derecho de la libertad de expresión.

La modificación establece la posibilidad de sancionar a quien “por cualquier medio afirme falsamente” la existencia de “” y perturaparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la saludben el orden público.

“En nuestro país la expresión de las ideas así como el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información de toda índole, constituyen una libertad que está debidamente garantizada lo mismo en la Constitución que en los tratados internacionales”, indicó.

“Éste Código Penal reformado establece una limitación a partir de sancionar con prisión a quien difunda una idea, sobre todo por un medio electrónico como Twitter”, por lo que como titular de la CNDH decidió ejercer la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra esa modificación.

En entrevista radiofónica con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que con esa ley se pretende ir más allá de lo que plantea la Constitución, y por tanto incurre en su violación.

“Esto de señalar como delito a quien difunda una información aparentemente falsa es algo totalmente subjetivo”, y de ahí la decisión de impugnar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine el alcance del derecho a la libertad de expresión.

Plascencia Villanueva detalló que “se tiene que diferenciar entre lo que es la información en sí misma y el derecho a informar e informarse”, por lo cual es importante tener más elementos en el sentido de cómo corroborar y saber qué es viable y qué no lo es.

La víspera, la CNDH presentó ante la Suprema Corte una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Artículo 373 del Código Penal del estado de Veracruz.

A finales de agosto pasado, un juez de Veracruz inició un proceso penal por terrorismo y sabotaje contra dos mexicanos que presuntamente difundieron información falsa por las redes sociales Twitter y Facebook sobre supuestas agresiones de grupos narcotraficantes contra escuelas públicas en esa entidad.