Según la iniciativa, se castigará con penas de 15 a 40 años de cárcel a quien financie directa e indirectamente o apoyen a “personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional”.
La misma sanción será para aquellos que cometan “el apoderamiento ilícito de aeronaves, el robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación”, precisó.
Además, se sancionará con esta pena a quien asesine o cometa algún acto contra la libertad de una “persona internacionalmente protegida”, que puede ser un jefe de Estado o miembros de un órgano colegiado que cumplan esa función.
Aquí se incluye a los jefes de Gobierno, un ministro de Relaciones Exteriores, los miembros de su familia y “cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado, personalidad oficial o agente de una organización intergubernamental”.
De igual manera, las reformas imponen de 15 a 40 años de cárcel, “al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional”.
La pena se elevará en una mitad cuando el delito sea cometido en contra de un bien de acceso público, se genere un perjuicio a la economía nacional o se detenga en calidad de rehén a una persona.
Sin embargo, los senadores precisaron que no podrán considerarse como terrorismo “las manifestaciones sociales, que sin utilizar los medios violentos” que señala el proyecto, “busquen presionar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación sobre alguna demanda”.
Las reformas presentadas por los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro González Alcocer; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Murillo Karam, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tomás Torres, son analizadas por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, para su dictaminación.