A pesar de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos, la ley antiinmigración de Arizona conserva el apartado más polémico. Así quedó ratificada la potestad de la Policía de detener a inmigrantes que consideren sospechosos, así como revisar su estatus legal.
 
Este punto era el más resistido por el presidente Barack Obama, que había hecho expreso su rechazo a la legislación aprobada por el Estado sureño, que limita con México. También había manifestado que sólo el Gobierno federal debería poner en práctica las políticas inmigratorias en el país.
 
El debate sobre la ley va al centro de un feroz debate nacional entre demócratas y republicanos con respecto a las medidas a tomar con los 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en los EEUU.
 
Distintas asociaciones de derechos humanos habían denunciado que la iniciativa avalaría la discriminación étnica y racial de la población hispánica, principalmente, dado que son el mayor grupo minoritario del país.
 
En su dictamen, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la Ley SB1070. Las tres cláusulas, también cuestionadas por la administración de Obama, incluían una previsión para que fuera un delito el que los inmigrantes ilegales trabajen y la obligación de los extranjeros a portar sus documentos.
 
La ley antiinmigratoria de Arizona había sido promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos pro inmigrantes.
 
El dictamen de la Corte Suprema, según los analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.
 
El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que el pasado 15 de junio, el Gobierno de Obama decidiera suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad que entraron a los EEUU cuando eran menores.