La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 26 votos en favor y dos en contra, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 3 de la Constitución.

Con esta resolución el Estado Mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan.

El dictamen contempla como eje principal implementar el servicio profesional docente, con el fin de establecer a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo.

Los partidos Nueva Alianza, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano hicieron 30 reservas que serán discutidas este jueves a las 10:30 horas en la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión y, en su caso, aprobación.

En el resolutivo, tal como se solicitó en el pleno de la Cámara de Diputados, se incluyeron las opiniones de las comisiones de Educación y Servicios Educativos, así como de Equidad de Género, las cuales fueron en sentido positivo.

Con la reforma se deberá diseñar toda una estructura de evaluación en la actividad docente, que contribuya a incentivar el desarrollo profesional.

Considera que es importante que el sistema educativo permita valorar los conocimientos y las aptitudes del docente que se encuentre en activo o sea aspirante.

Asimismo, bajo el esquema de valoración, se establecerán las promociones en función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor del encargado de la enseñanza de la niñez y la juventud mexicana.

Por ello, el establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente consolida la educación de calidad, en virtud de que se abren los espacios de crecimiento y desarrollo del profesorado.

Lo más sobresaliente de esta reforma educativa es la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual se encargará de valorar y adecuar el sistema educativo nacional.

En ese sentido, se establece en el documento que el objetivo principal del instituto es ofrecer herramientas adecuadas para la valuación de sistemas educativos, programas, servicios y acciones enfocados a la educación de tipo básico en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria y medio superior.

Lo mismo en los diferentes centros escolares, sean públicos o privados, urbanos o rurales, y de la modalidad no escolarizada y mixta, además de que se incluyó la educación para adultos, especial, indígena y comunitaria.

El propósito del organismo es fortalecer aquellas áreas estatales de evaluación dependientes de las Secretarías de Educación de las entidades federativas; apoyar a la SEP en la realización de las evaluaciones nacionales de la educación en todos sus tipos, niveles y grados; así como apoyar a otras instituciones que lo solicitaran.

Tendrá la tarea de promover el surgimiento y desarrollo de la cultura de evaluación en los medios relacionados con la educación y, con ello, la publicación de los resultados de sus análisis e iniciar investigaciones a partir de la información arrojada.

Asimismo crear vínculos con los organismos internacionales de evaluación educativa, y a petición de la SEP llevar a cabo instrumentos y acciones para proporcionar elementos que permitieran evaluar el desarrollo de proyectos de carácter prioritario.

En el dictamen sobresale que dicho instituto será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coadyuvante de las políticas y acciones educativas y del diseño de programas y que se encuentra establecido en la fracción 9 del Artículo 3 constitucional.

En ese sentido, con la autonomía constitucional del instituto se podrá consolidar la política del Estado y su rectoría en la educación.

Ello porque los estudios e indicadores servirán de sustento en el diseño de estrategias, con la finalidad de que se logre la homogeneidad de las autoridades educativas federales y locales, consolidando una plena coordinación entre estos entes, a fin de cumplir las expectativas de calidad del sistema educativo.

Para incrementar los niveles de calidad y equidad del sistema educativo en México resulta fundamental no sólo optimizar los sistemas de formación inicial y permanente de los educadores, sino también favorecer la mejora constante de su desempeño, como una condición para el ejercicio de la profesión, agrega el documento.

Por ello la importancia de la reforma para otorgar las bases constitucionales, que permitirán consolidar la educación en México para las generaciones futuras, a través de la modificación de los marcos normativos secundarios inherentes al proyecto educativo del Estado.