Carlos Joaquín González, subsecretario de Operación Turística de la Sectur, asegura que tiene la intención de que el programa continué en beneficio de las comunidades, a fin de que cuenten con herramientas para subsistir, se generen más empleos y se combata la pobreza, pues “este programa cumple con ello”.
Sin embargo, reconoce la importancia de una revisión del programa para su continuidad.
“Es necesario que se revisen y analicen las características de cada uno los pueblos de acuerdo al segmento al que pertenecen y reagruparlos. Ver si cumplen”, advierte.
Algo que la nueva administración está analizando, añade, son las reglas de operación para buscar un equilibrio en el número de pueblos a nombrar y el presupuesto que se asignará para este programa.
“No habrá reducción de pueblos, pues cada uno atiende diversos nichos y están en etapas de crecimiento diferentes, pero sí un análisis de los mismos”, destaca.
Según datos de la Sectur, en la administración pasada se invirtieron 934 millones de pesos para fortalecer a los pueblos a través de la mejora de su infraestructura e imagen urbana con el fin de hacerlos más atractivos para los turistas. A su vez, estos recursos permitieron detonar inversiones en conjunto con los gobiernos municipales y estatales para Pueblos Mágicos por casi dos mil millones de pesos.
Especialistas en el sector consideran que este programa se aceleró en la última parte del sexenio anterior por una decisión más política que turística, lo que generó que se abandonaran los estándares que se necesitan para que se les denomine Pueblo Mágico.
De hecho, son las propias entidades quienes, bajo su criterio, realizan la conformación del expediente, que después es revisado por el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección (CIES), integrado por 16 organismos federales como el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y hasta la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, mismos que deben votar por la localidad de forma unánime.
