foto: Agencia Xinhua
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) comenzará un programa de reubicación de familias que viven en asentamientos irregulares, y priorizará a las que sufrieron daños o perdieron sus hogares por los efectos de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.
El titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que en los próximos días se dará a conocer el censo de las personas que tienen sus casas en terrenos ubicados a menos de 250 metros de cauces de ríos o en las faldas de cerros con alto grado de inestabilidad y que son susceptibles de trasladar a otros sitios.
El proceso de reubicación se concretará en colaboración con las autoridades estatales y municipales, pero aclaró que esto no se realizará en un año, pues se trata de un programa permanente del Gobierno de la República.
“El presidente Enrique Peña Nieto instruyó que nosotros construiremos prácticamente una nueva Pintada, donde la gente pueda hacer sus actividades y al mismo tiempo estar segura”, indicó el funcionario.
En cuanto las condiciones del clima lo permitan, añadió mediante un comunicado, se reubicará a familias en Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.
En Durango, detalló, son 400 familias las que deberán cambiar de casa; en Lázaro Cárdenas, Michoacán 400, mientras que en Oaxaca suman hasta el momento 139 familias.
Asimismo, insistió en que el Gobierno de la República, a través de la dependencia a su cargo, aplicará los lineamientos del Atlas de Riesgos para evitar asentamientos humanos, industriales o turísticos en lugares no aptos para ello.
Resaltó que para cumplir esas disposiciones, este año se creó un Registro Nacional de Reservas en el que se reporta la ubicación de los terrenos donde se planea hacer casas, ya que antes los empresarios únicamente informaban de los desarrollos que construirían mediante el Registro Único de Vivienda.
Ramírez Marín abundó que para determinar si el lugar es apto o no para edificar casas, zonas industriales o turísticas, los predios serán evaluados bajo los aspectos económico y de protección civil, es decir, si cuentan con servicios o están lejos de las zonas urbanas.
En noviembre próximo, las 90 ciudades más importantes del país firmarán con la Federación un convenio en el que se comparte la responsabilidad para que se cumplan las dos calificaciones, puntualizó.