El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público destacó ante el pleno senatorial que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos reduce la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el fin de permitir que esa empresa opere bajo una estructura fiscal más equitativa.
Indicó que lo anterior será porque se eliminarán tres de los seis derechos aplicables a Pemex y conservar sólo el pago por el derecho de utilidad compartida con una tasa aplicable de 65 por ciento.
El legislador priista resaltó que en las estos ordenamientos se adiciona un título denominado “del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos”.
Explicó que este nuevo impuesto tiene como fin resarcir a las entidades federativas y los municipios donde se hagan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos los daños que estas acciones puedan producir en el medio ambiente e infraestructura de los mismos.
Señaló que se consideró que para maximizar la eficacia, la competitividad y la exploración y la extracción de hidrocarburos debe modificarse la estructura de los contratos de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida.
Yunes Zorrilla destacó la expedición de la nueva Ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y Desarrollo, con lo que se cumple con una de las más importantes y puntuales aspiraciones que vinculado a los ingresos petroleros, se orientarán a condiciones de ahorro de largo plazo y a inversión productiva.
“Con el objetivo primario fundamental de general inversión de capital y particularmente capital humano”, precisó.
Refirió que lo que hoy votarán los senadores, es el decreto que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de Coordinación Fiscal; y, expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Informó que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos consta de 64 artículos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, tiene 25 artículos.
Se reforman cinco artículos y se adicionan dos, y se derogan 12 artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Derechos, y este proyecto de decreto contiene más de 77 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, con relación a la iniciativa que envió el Ejecutivo federal el pasado 30 de abril al Congreso de la Unión.
Detalló que en estos ordenamientos se incorporan de manera clara y precisa las funciones que corresponderá atender al Fondo Mexicano del Petróleo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además la precisión de que los funcionarios, respecto a la fijación, administración y verificación de aspectos financieros de los contratos, no constituirán actos de autoridad.
También se precisa que en cuanto a las relativas a la administración de los contratos, éstos podrán ser impugnados en vías jurisdiccionales.
En cuanto a transparencia resaltó que la Ley de Ingresos de Hidrocarburos establece la obligación del Fondo y de la Secretaría de Hacienda de hacer pública mensualmente por medios electrónicos y mediante actualización la información de hidrocarburos.
Así como sobre montos de contraprestaciones pagadas a contratistas por periodos e ingresos percibidos por el Estado por concepto de regalías y asignaciones sobre la renta pagada por los asignatarios, montos de los créditos fiscales determinados a los asignatarios.
Se establece que el gobierno federal, a través de la Banca de Desarrollo, generará mecanismos de inversión para que el público en general pueda tener opciones atractivas y accesibles para invertir en proyectos que se generen con motivo de la reforma energética.
Sobre la ley federal de derechos explicó al pleno que se deroga el régimen de derecho con la extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya que los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos fijarán las contraprestaciones por extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
Se precisa en esa ley que la Comisión Reguladora de Energía deberá convertirse en un órgano regulador coordinado en la materia con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión por lo que podrá disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos.
Con relación a la Ley de coordinación fiscal, Yunes Zorrilla indicó que se adicionó una fracción a las disposiciones transitorias en las que se definen los porcentajes de integración de los ingresos petroleros del gobierno federal para los años de 2015 a 2018.
Lo anterior con el objeto de equilibrar de manera gradual los recursos de las entidades federativas por sus participaciones en ingresos petroleros, a fin de mantener la estabilidad en las finanzas públicas.
Respecto a la distribución del total recabado por las cuotas del impuesto especial a gasolinas, a las entidades federativas corresponderá nueve onceavos del consumo de su territorio tomando en cuenta la información que los permisionarios para el expendio al público y distribución de gasolinas y diésel proporcionen a la SHCP.
Sobre la Ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo se prevé un fideicomiso público del Estado constituido por la SHCP y el Banco de México que tendrán las principales funciones.
Es decir, servirán como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
“Con esta función y la obligación de transparencia se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades”, afirmó.
Yunes Zorrilla, mencionó que también administrará los ingresos del Estado Mexicano provenientes del petróleo y los demás hidrocarburos.
Explicó que en la ley se considera dotar de la figura de fideicomiso al fondo para formar un Comité Técnico que estará integrado por tres funcionarios del gobierno federal y cuatro consejeros independientes propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, con los votos de las dos terceras partes del pleno.
Los consejeros independientes duran en el Comité Técnico un periodo de ocho años; se establece la integración del patrimonio del fondo, así como la prohibición de disminución de su patrimonio, y se generan condiciones de reserva en los fondos de ahorro de largo plazo para generar condiciones de inversión productiva en el tiempo.
Añadió que lo anterior incluye las transferencias que se hagan de conformidad con los montos aprobados por la Cámara de Diputados para el uso de los recursos cuando la reserva del Fondo sea mayor a tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
