Irene estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió, sin saberlo, en una prolífica empresaria. En medio año fue registrada como dueña de al menos cinco empresas e integrante del consejo de otras dos. En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público.
Otros vecinos de Irene -todos adultos mayores- también se volvieron de improviso empresarios.
Cuauhtémoc, de 84 años, es accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula, en el segundo sector de la colonia Valle Verde, una zona popular de Monterrey. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
Sus identidades -y las de al menos otros 10 adultos mayores de la misma zona- fueron robadas para crear una extensa red de al menos 45 empresas fantasma que es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Una de las empresas en las que Irene aparece como accionista se llama Consultoría SOW SA de CV, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.
Mientras que Desarrollo Comercial Lexir, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z42, quien en julio de 2019 fue sentenciado a 18 años de cárcel.
Empresas de esta red simularon operaciones con gobiernos de distintos estados y con el PRI nacional, el PVEM y con la delegación Benito Juárez en la capital del país en tiempos de Jorge Romero como titular de esa demarcación.
El SAT ha incluido a 24 empresas de la red en la lista de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como compañías “fantasma”, porque carecen de instalaciones, empleados e infraestructura.
Una red de lavado internacional
Consultoría SOW ha participado en un esquema de presunto lavado de dinero que involucra a empresas y personas de México, Reino Unido, Panamá, Estados Unidos y Argentina, de acuerdo con reportes bancarios confidenciales entregados a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro dedicada a rastrear crímenes financieros.
Los reportes de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) fueron compartidos por BuzzFeed como parte de un proyecto periodístico coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), del que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Uno de los reportes, fechado el 20 de septiembre de 2016, menciona que Consultoría SOW realizó 172 transferencias sospechosas del 11 de marzo al 15 de septiembre de 2014, por 5 millones 16 mil dólares, equivalentes a más de 66 millones de pesos al tipo de cambio promedio de aquel año.
La mencionada empresa fue creada en Monterrey el 6 de febrero de 2013 ante el fedatario público José Alfonso Gómez Tamez, en cuyo despacho se establecieron al menos 21 firmas de la red fantasma; su hermana Eva Margarita -con quien comparte oficina- constituyó otras 9 compañías.
En el acta constitutiva de Consultoría SOW aparecen como dueñas dos vecinas de la colonia Valle Verde. La empresa fue creada para la administración de recursos humanos, servicios financieros y de negocios, sistemas contables, auditoría legal y fiscal, consultoría en el área de seguridad, gestión de marcas, invenciones y derechos de autor; gestión de préstamos y adquisición de acciones.
Pero en realidad la empresa simulaba operaciones, de acuerdo con una resolución publicada por el SAT el 2 de agosto de 2018.
Esas operaciones simuladas también fueron identificadas en Estados Unidos, en una revisión de transacciones bancarias.
Un reporte de la sucursal en Nueva York del banco inglés Standard Chartered, enviada al FinCEN (equivalente a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de México), menciona que las transferencias de fondos que realizaba SOW no correspondían a su supuesta actividad de negocios.
Al ser una empresa de consultoría, debería haber recibido pagos por sus servicios y no como ocurría, que enviaba fondos millonarios a varios beneficiarios en el extranjero.
El banco también sospechó porque la empresa dejaba en blanco las referencias de los envíos, lo cual impedía conocer el propósito de esos traspasos.
En el reporte de operaciones sospechosas, la institución detalla las siguientes transferencias realizadas por SOW:
A Desarrollo Amaretto SA, una empresa “fachada” creada en un despacho de Panamá, le envió 1 millón 371 mil dólares en dos transacciones realizadas el 19 y el 26 de agosto de 2014, a una cuenta de MultiBank, para lo cual utilizó como banco corresponsal al JP Morgan Chase Bank.
Amaretto había sido constituida el 14 de febrero de 2014 en el despacho De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez, una firma de abogados especializada en crear empresas “de papel” o “de gaveta”, que sólo existen en las actas y que carecen de infraestructura y empleados.
Como director de la empresa se nombró a la sociedad panameña Pra-Secretary Inc., con lo que se ocultó la identidad de los beneficiarios, según constató MCCI en el registro mercantil de Panamá.
En el reporte remitido al FinCEN se menciona que Amaretto es una posible empresa fantasma, que utiliza el domicilio del despacho en el que fue creada, pero que carece de un propósito comercial verificable y presencia física real.
Consultoría SOW también transfirió 200 mil dólares a Velocity, una empresa británica de recursos humanos; 119 mil 424 dólares en ocho transferencias a Medcenter Pharmacy, una farmacéutica ubicada en California y 324 mil dólares a Weather Services International, un proveedor de datos meteorológicos ubicado en Massachusetts, que ofrece imágenes en tiempo real y herramientas de pronóstico para la aviación y la marina.
También se identificó un destinatario de fondos desconocido, sólo mencionado como MTGA, al que SOW le envió 400 mil dólares en una sola transacción, a través del Bank of America.
En todos los casos anteriores la empresa mexicana dejó en blanco el propósito de los pagos.
A María del Rosario Bauza, nombre que coincide con el de la gerente de la empresa argentina D.A.N.I.E.L. Artist & Concertos, se le hicieron cuatro transferencias por 40 mil dólares en septiembre de 2014 a través del Citibank, por concepto de “Niños cantores de Viena”. Aquel año la popular organización artística de Austria realizó una gira por México.
Vínculo con La Estafa Maestra
Una de las socias de Consultoría SOW, la empresa investigada en Estados Unidos por lavado de dinero internacional, también es accionista de Grupo Tecnológico JXA, una de las firmas fantasma que fueron utilizadas para saquear recursos públicos en “La Estafa Maestra”, revelada por MCCI y Animal Político en septiembre de 2017.
La forma en que JXA fue utilizada en aquel caso de corrupción, fue la siguiente:
El 15 de noviembre de 2013, Banobras contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para administrar su red inalámbrica y de telefonía digital, pero como la institución no tenía la capacidad para dar ese servicio, aquel mismo día subcontrató a Evolution Software SA de CV, la cual a su vez subcontrató a otras cuatro empresas, entre ellas el Grupo Tecnológico JXA.
La UAEM le pagó 48.6 millones de pesos a Evolution Software, pero el servicio sólo costaba 12.6 millones de pesos, que es el monto por el que subcontrató a JXA y a otras tres empresas. Es decir, cobró un sobreprecio de 36 millones.
A JXA le transfirió 3.8 millones de pesos por servicios que nunca ejecutó, de acuerdo con una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
El 30 de abril de 2015 el SAT incluyó a JXA en la lista definitiva de “factureras” o simuladoras de operaciones. La empresa había sido creada dos años antes, el 5 de febrero de 2013 ante el notario José Alfonso Gómez Tamez.
Ese mismo notario y su hermana Eva Margarita auxiliaron a crear la mayoría de las empresas de la red fantasma de Nuevo León, pero también certificaron la constitución de otras 5 firmas que participaron en La Estafa Maestra (Evyena, Femexport, Icalma, Villarregia y Yafed) que, en conjunto, desviaron 435 millones de pesos de fondos federales en contratos simulados.
La notaría de los hermanos Gómez Tamez está ubicada en la planta baja de un edificio de dos pisos ubicado en la calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado de Monterrey. En la parte superior está el despacho legal TTG, que estaba al servicio de Odebrecht, según documentó MCCI en un reportaje publicado en julio de 2019.
El vínculo con el narco
El 4 de marzo de 2015, en un operativo conjunto de la Marina, el Ejército y la Policía Federal Preventiva fue detenido Omar Treviño Morales, el “Z-42”, hermano de Miguel Ángel Treviño, el “Z-40″ quien fue líder máximo del cártel de Los Zetas.
En la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/114/2015 se menciona que Omar Treviño residía en una casa en la calle Vía Collantina, en la Colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. El mismo expediente refiere que el capo de Los Zetas y sus cómplices tenían otra residencia en el mismo municipio, en la calle Olmo de la colonia Olinalá, así como una casa en la avenida Boca Ratón del fraccionamiento La Herradura, en Monterrey.
El periodista Eduardo Mendieta, del diario Milenio, reveló el 10 de marzo de 2015 que las tres viviendas habían sido compradas en 36 millones de pesos por Desarrollo Comercial Lexir SA de CV, una inmobiliaria que comparte socia y apoderado legal con Consultoría SOW, la empresa investigada en Estados Unidos por lavado de dinero.
Irene, residente en la colonia Valle Verde de Monterrey, y quien actualmente tiene 77 años, es la supuesta dueña del 50% de las acciones de Lexir y de SOW. El apoderado de ambas firmas es un vecino de la colonia Infonavit Los Ángeles de Monterrey, de 32 años de edad, que participa en al menos 20 empresas de la red fantasma, según corroboró MCCI en un cotejo de actas.
Tras la detención de Omar Treviño, la extinta PGR (hoy Fiscalía General de la República) encontró indicios de los vínculos de Lexir con otras empresas de la red.
El 30 de junio de 2015, como seguimiento a la averiguación previa antes referida, el ministerio público federal notificó a los representantes legales de Lexir, Desarrollo y Construcción G30, Servicios Empresariales Luze, Zorfimex y Grupo Bolán que en el operativo de detención había asegurado 40 vehículos, la mayoría camionetas de lujo, como Suburban, Lobo, Yukon y Explorer, pero también autos deportivos como un Porsche Cayenne turbo, un Viper SRT 10, un Mercedes Benz modelo AMG SLS y un todo terreno modelo AMG G63; tan sólo estos últimos vehículos están valuados en unos 10 millones de pesos.
Aquel mismo año, la mayoría de esas empresas -y otras de la red- fueron liquidadas.
Contratos con el Gobierno, el PRI y el PVEM
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvieron una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas. Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de México.
Al PRI y al Partido Verde, diez empresas de la red fantasma le cobraron casi 2 millones de pesos en 2014 por supuestos servicios como publicidad, transporte y equipos de oficina.
Incluso, el PRI nacional contrató ese año a Consultoría SOW, la empresa investigada por lavado de dinero, de acuerdo con los informes que ese partido entregó al Instituto Nacional Electoral.
En aquellos días el presidente nacional del PRI era César Camacho Quiroz.
La dependencia gubernamental que más benefició a la red fantasma fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en 2014 asignó dos contratos para la rehabilitación de caminos en Nuevo León, seguido del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que desembolsó 9 millones 183 mil pesos en materiales de limpieza y de oficina a favor de dos empresas que el SAT ya ha declarado como simuladoras de operaciones.
El INEA le pagó tres millones de pesos por difundir servicios de alfabetización en spots en autobuses foráneos y el Instituto Nacional de Migración le encargó paquetes de higiene para repatriados.
La delegación Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar a dos o más empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato a una de ellas para abastecer equipos de seguridad. Esto fue en 2014 cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual diputado federal y vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro.
Los contratos que obtuvo esta red –principalmente en Nuevo León- fueron de lo más diversos, e incluyen asesoría jurídica, cobranza, diseño de proyectos de obras, diplomados de liderazgo, desarrollo de software, renta de teléfonos, toldos y equipos de audio; venta de insumos de limpieza, material para alumbrado público, medicinas, lubricantes, equipos de seguridad, servicios de transporte, publicidad, organización de festivales, presentaciones artísticas y arreglo de aulas.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
