Para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de pesos, el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de los bienes de la familia Jenkins. 

Lo anterior, en respuesta a la demanda presentada el 12 de marzo pasado por la Junta para el Ciudadano de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. 

La familia, constituida como patronato, firmó un contrato marco de donación registrado ante un notario de Jalisco, para trasladar sus bienes y recursos económicos a la Fundación Bienestar de Filantropía, asentada en Aguascalientes, la cual después se movió a Barbados, esto en abril de 2014. 

Al final, los recursos fueron trasladados a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá. 

En la querella, la Junta de Puebla apuntó que este procedimiento se hizo sin autorización del propio organismo por lo que solicitó el embargo de bienes y cuentas bancarias de todos los integrantes de la familia, como medida precautoria. 

El documento incluye a los hermanos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como a su madre Elodia Sofía de Landa de Jenkins.