La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se obtuvo y publicó la ficha roja, a través de Interpol México, contra Mauricio Toledo, luego de obtener la orden de aprehensión en contra del legislador por el delito de enriquecimiento ilícito.

“Lo anterior, de acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que se señala que las extradiciones que el Gobierno de México solicite de estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones de extradición que se formulen, como es sabido, se han tramitado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Fiscalía General de la República (FGR)”, dijo.

Agregó que el procedimiento es que, una vez que el fugitivo de la justicia mexicana haya sido ubicado en otro país, la Oficina Central Nacional de Interpol comunica a Interpol México, que el fugitivo fue ubicado.

Con ello, se dejan a salvo los derechos de México para solicitar, por los conductos diplomáticos, la orden de detención provisional con fines de extradición.

“Por lo que una vez obtenido dicho ordenamiento, la autoridad del país extranjero procederá a ejecutar el aseguramiento del fugitivo y se realizará el procedimiento de extradición correspondiente”, agregó la dependencia.

Insistió en que la Fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho, como para cualquier ciudadano.

“No es un perseguido político. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la Ley, nada, y por encima de la Ley, nadie”, concluyó.

Toledo, diputado federal por Puebla, es acusado del delito de enriquecimiento ilícito, el cual habría cometido cuando se desempeñó como titular en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El legislador, quien se encuentra en Chile, se dijo perseguido político por el gobierno de la Ciudad de México e informó que se presentó este lunes ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Chile para ponerse a disposición de la justicia, y en su caso, evitar una extradición.

“Con base en el acuerdo firmado entre Chile y México, la extradición no podrá ser concedida por los delitos considerados como políticos por la parte requerida, tampoco en el caso de que el país requerido tenga motivos para suponer que la solicitud de extradición motivada por el delito común ha sido presentada con la finalidad de perseguir a un individuo a causa de opiniones políticas”, explicó en un documento.

Con información de agencias.