De acuerdo con informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se revelaron nexos entre autoridades militares y el grupo criminal Guerreros Unidos, en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Esto forma parte del informe “Caso Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada”, presentado hoy 26 de septiembre de 2023 por la Presidencia de la República.

En el documento, se establece que elementos militares asentados en Iguala, Guerrero, “recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.

“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón”, indica el informe.

La investigación consta de 34 páginas, las cuales fueron presentadas a familiares y representantes de los normalistas desaparecidos, en una reunión la noche del lunes en Palacio Nacional, con respecto a los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, a partir de las nuevas investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) para el Caso Ayotzinapa, a cargo de Alejandro Encinas.

De acuerdo con el reporte, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió en el marco de la disputa del territorio de Iguala por grupos del crimen organizado.

“Al momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, tres organizaciones delincuenciales: “Guerreros Unidos”, “Los Rojos” y “La Familia Michoacana” se disputaban el control territorial de Iguala y las rutas del trasiego de drogas.

“De manera particular había una confrontación entre “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”, derivada del decomiso de un cargamento por parte del Ejército en la ciudad de Iguala en abril de 2014, conflicto que se agudizó con la toma violenta de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri en el estado de Guerrero por parte de “Guerreros Unidos”. Razón por la cual, estos esperaban represalias por parte de Los Rojos”, se indicó.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron una marcha para exigir justicia por los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en donde acusaron que el gobierno federal no les entregó la información prometida, sobre las grabaciones de conversaciones del Ejército.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, informó que las autoridades reducen los hechos a un tema local del crimen organizado, criminalizan a normalistas y exoneran a los militares.