Puebla es el cuarto estado peor calificado en materia de desarrollo democrático, al mostrar deficiencias en los rubros de: economía, bienestar social, calidad institucional y eficiencia política, lo que arroja un desempeño "mínimo" similar al de entidades como: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Lo anterior se desprende del estudio "?çndice de Desarrollo Democrático de México 2010" que elaboró de manera coordinada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Fundación Alemana Konrad Adenauer, con la finalidad de conocer el escenario democrático en las 32 entidades del país.

Según el informe, Puebla se encuentra en el lote de cuatro estados con el peor desempeño democrático con un valor entre 3 y 4 del ranking general que incluye libertades civiles y derechos políticos, siendo su mayor rezago la capacidad para generar políticas públicas que aseguren bienestar y eficiencia económica.

El área mejor calificada de Puebla fue "democracia de los ciudadanos", donde la entidad se enlistó en el lugar 14 de 32, destacando principalmente en libertades civiles, género en el gobierno e inseguridad; mientras que los aspectos de adhesión política y derechos políticos, sumaron menos puntos.

De forma general, Puebla obtuvo un total de 5 mil 74 puntos en el respeto de los derechos y libertades, donde Guanajuato ocupó el primer lugar con 8 mil 250 puntos, seguido de Colima y Yucatán, mientras que Sinaloa, Baja California y Chihuahua ocuparon los últimos lugares.

En cuanto al rubro de calidad institucional y eficiencia política, Puebla se ubicó en el lugar 26 con un valor total de 4 mil 163, sólo antecedido por los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Veracruz, en contraste, Aguascalientes, Baja California y Distrito Federal obtuvieron las mejores calificaciones.

Un comportamiento similar mostró Puebla, al calificar su capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, donde se ubicó en el séptimo lugar con una calificación negativa -0.7, seguido de Hidalgo, Durango, Tabasco, Guerrero, Querétaro y Chiapas.

Entidades como Colima, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Baja California Norte, Sinaloa y Sonora, destacaron al mostrar la mejor generación de políticas públicas en beneficio de su población.

La peor posición que reportó Puebla fue en el rubro de políticas a favor de la eficiencia económica, ocupando el lugar 31 con una calificación de -2, seguido de Chiapas con -2.7; mientras que Durango, Nuevo León, Baja California y Colima lideraron las primeras posiciones.

Cabe resaltar que en el puntaje del ?çndice de Percepción de la Corrupción, Puebla junto con Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal, son las entidades con mayor nivel de corrupción, contrario a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Colima, el cual recibió el mejor valor en el Informe de Transparencia Mexicana.

Debilidades
De acuerdo con el director de la consultora Polilat.com y responsable de la investigación, Jorge Arias, las principales debilidades que presenta el Estado radican desde la selección de candidatos, exclusión indígena e inseguridad, además de una percepción negativa de los partidos políticos y el indicador de desestabilización.

Al hacer un balance específico sobre Puebla, Jorge Arias resumió como factores negativos, el mínimo crecimiento del PIB per cápita, desigualdad por ingresos, baja competitividad del Estado-sociedad, nula autonomía financiera y mínima capacidad de inversión.

Para abatir estos rezagos, el ?çndice de Desarrollo Democrático recomienda fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales, fortalecer el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles, promover la democratización de los partidos políticos y lograr una mayor inclusión de la población de lengua indígena.

A la presentación de la investigación estuvieron presentes los dirigentes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Coparmex, Cámara de la Industria Textil, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional de Comercio, así como los rectores de la UAP y Universidad Iberoamericana, incluyendo representantes del Congreso del estado.