Ante la iniciativa para despenalizar los delitos de difamación y calumnia que presentó Rafael Moreno Valle, Ernesto Villanueva Villanueva, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLA, aseveró que "no es un puerto de llegada, sino un punto de partida", por lo que reiteró que no se debe aprobar hasta que no se hagan las pertinentes modificaciones.

Asimismo, señaló que es importante que el proceso para juzgar los delitos se pase al orden civil, puesto que los juicios que se entablan son además de largos o engorrosos, en los cuales no se resuelve nada y se gasta más en burocracia, "es mejor pagar el daño que quiere el demandante que enfrentar el juicio, porque es más dinero en el pago de abogados".

Afirmó que es un tema complicado, puesto que es difícil lograr, por un lado, la libertad de expresión y por otro lado, no lastimar los derechos de la personalidad.

Además, afirmó que la iniciativa marca una indemnización monetaria como solución al problema; sin embargo, cuestionó bajo qué postura se establece un precio al daño moral que se generó; asimismo, afirmó que en Puebla el pago es de alrededor de 51 mil pesos mientras que en otros estados es de 21 mil.

También ahondó sobre la calumnia que se puede generar a través de las redes sociales, en las cuales no hay una regulación que sancione con una multa todo aquello que se haya publicado a través de Facebook y Twitter, ni tampoco una opción de réplica sobre lo expuesto.

Villanueva Villanueva aseveró que la iniciativa está mal planteada, puesto que carece de una técnica legislativa, ya que sólo incorpora de manera dispersa los artículos y no crea un capítulo de la protección de los derechos de la personalidad.

Por tanto, señaló que se debe hacer una ley que complemente a la que hay, en donde se integren a los artículos además de que se considere el tema de la malicia real donde se pruebe que la calumnia se hizo con dolo y con la finalidad de ofender a la persona sin validar la información.

También recomendó que se establezcan periodos límites de tiempo en los que se tengan que llevar los juicios para que se coadyuve a la solución de los conflictos y se reduzca el pago de los daños, puesto que es excesivo.
 
Por lo que afirmó que se debe plantear cuál es la mejor legislación para que Puebla esté a la vanguardia en sus leyes y se pueda establecer como un modelo a nivel nacional.

Asimismo, reiteró que si el actual gobierno es democrático debe dar apertura para las actuales discusiones, así como para atender las opiniones que se emita. Por tanto, las universidades tienen la obligación de participar y emitir su opinión en iniciativas que se están procesando alejadas de los parámetros pertinentes, "lo importante es construir escuchando todas las voces".