En la sesión de ayer, los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) revocaron el mandato para que la Secretaría de Finanzas y de Gobernación entreguen documentos e información sobre presupuestos del gobierno de los tres últimos años, además de contratos de arrendamiento de inmuebles para el Sistema Estatal de Protección Civil.
Por otro lado, Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la CAIP, informó que inició trámites para ajustar el gasto 2011 y cumplir con los programas y tareas, pues falta cubrir 16 plazas.
Ibarra Cadena dijo que solicitará al gobierno y al Poder Legislativo un aumento presupuestal de 2 millones de pesos, debido a que los poco más de 12 millones de pesos autorizados para el ejercicio de este año son insuficientes.
Expuso que la CAIP es consciente de las limitaciones presupuestales con las que comienza esta administración, pero consideró que hay áreas que son prioritarias para el organismo que deben ser fortalecidas como la capacitación y comunicación social, por lo que esperará el resultado de su gestión.
Ayer en sesión pública resolvieron dos proyectos de resolución, además del estudio del expediente 57/SFA-19/2010 y sus acumulados 58/SFA-20/2010, 59/SFA-21/2010 y 60/SFA-22/2010, que estuvo a cargo del comisionado Javier Fregoso, donde se determinó por unanimidad de votos revocar las respuestas que había entregado la Secretaría de Finanzas y Administración, en virtud de que indebidamente había puesto a disposición la información requerida en una modalidad diferente a la solicitada, por lo que se determinó que el sujeto obligado entregue la información respetando la modalidad elegida en la solicitud de información.
Con referencia al segundo punto del orden del día de esta sesión ordinaria, el comisionado Javier Fregoso presentó el análisis del expediente 64/SEGOB-02/2010, donde la respuesta otorgada por la Secretaría de Gobernación no proporcionó la totalidad de la información solicitada, ya que entregó solo una parte y clasificó como reservado y confidencial el contrato de arrendamiento del inmueble destinado al almacén general de Protección Civil.
Ante esto se recurrió al artículo 9 de la Ley de Transparencia, que dicta que dicha información está considerada como de oficio, por lo que el pleno determinó revocar la respuesta de la dependencia para que entregue una versión pública del contrato, dejando a salvo sólo la información confidencial como el domicilio, el Registro Federal de Contribuyentes y la firma del arrendador.
La polémica
Un nuevo conflicto se registra al interior de la CAIP; ahora, la incertidumbre fue provocada por el nombre oficial de este organismo autónomo de transparencia.
La duda surgió porque hasta hoy los comisionados se dieron cuenta que en sus archivos hay un expediente firmado por el presidente de la pasada legislatura, Humberto Aguilar Viveros, donde precisa que en las reformas a la ley de Transparencia que se concretaron desde el año pasado se modificó el nombre, es decir, de ser la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) pasó a ser Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIPPDP), incluso las últimas resoluciones y hasta la designación del nuevo integrante, Javier Fregoso Sánchez, se firmaron con el primer nombre.
Aunque parece un problema menor, puede obstaculizar la transparencia en el estado porque los sujetos obligados a rendir cuentas podrían desconocer a esta instancia cuyo nombre en la práctica no ha sido modificado.
El antecedente
El jueves 17 de junio de 2010 los diputados locales de la LVII Legislatura realizaron una serie de reformas a la ley de Transparencia, principalmente para definir como un organismo autónomo a la CAIP, pero con tales reformas se le cambió el nombre por Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, reformas que entraron en vigor el 8 de octubre del mismo año, tras su publicación en el Diario Oficial del Estado de Puebla.
El historial
Meses antes, la Comisión se enfrentó a una tormenta al tratar de expulsar de la CAIP a Antonio Juárez Acevedo, ya que se corroboró que para ingresar ocultó su afiliación a la agrupación política Plataforma Cuatro, hecho que desprestigió en gran medida la imagen de este organismo.
Actualizado a:

CAIP 03/03/11
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