En Sesión de la Comisión Permanente, el Congreso Local recibió la iniciativa para acelerar los trámites de adopción; asimismo, el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría propuso una reforma para modificar los requisitos para ser Procurador General de Justicia.


La iniciativa de decreto del presidente de la Gran Comisión, solicita la reforma al artículo 99 de la Constitución política del Estado libre y soberano de Puebla, modificando los requisitos para ser procurador general de justicia y que establece, entre otros, ser Mexicano por nacimiento, contar con 35 años, ser abogado titulado con un mínimo de diez años de antigüedad, contar con buena reputación y no tener ningún delito culposo.


Actualmente la Constitución local señala que para ser procurador se deben cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado, está detallado en el artículo 89 de la Constitución.


En su consideración de motivos, se señala que el puesto de procurador es el más elevado en la institución del Ministerio Público, por lo que debe exigírsele una mayor experiencia profesional.


Sin embargo, en la iniciativa presentada ayer en la sesión a diferencia de todos los estados donde no se permite que los procuradores sean electos si han cometido delitos dolosos, en la iniciativa, se están privilegiando los delitos culposos.


Además, se exige una experiencia de diez años como abogado, mientras que para ser magistrado la experiencia es de cinco años.


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Una vez más, la fracción legislativa del Partido del Trabajo (PT), durante la sesión de la Comisión Permanente, criticó que en las elecciones de juntas auxiliares haya prevalecido el manoseo y la intervención de distintos partidos políticos.


En voz del legislador del Partido del Trabajo (PT), Zeferino Martínez, condenó la intromisión de los partidos políticos en las elecciones celebradas el domingo pasado.


Desde la tribuna parlamentaria el legislador del Partido del Trabajo, Martínez señaló que "A la luz de las inconformidades expresadas antes, durante y después de la celebración de de los plebiscitos, queda más que mostrado el manoseo gubernamental y de parte de los partidos políticos en el proceso.


"La intromisión a los usos y costumbres se manifiesta desde la integración de las distintas convocatorias, los mecanismos de participación y el financiamiento no transparente campañas a favor de las planillas o candidatos participantes."


Caso juntas auxiliares


El legislador del Partido del Trabajo (PT), Zeferino Martínez, señaló que las elecciones en las juntas axuiliares se han vuelto disputas políticas derivadas de su eligibilidad mediante el plebiscito.


"La junta auxiliar lejos de ser la instancia gubernamental-administrativa de primer contacto con el pueblo, la extensión auxiliar del gobierno municipal; se convierte en arena de disputas políticas, derivadas de su elegibilidad mediante el plebiscito."


Martínez explicó que en la elección de las autoridades de las juntas auxiliares se permite, debido a las leyes vigentes, como la Ley Orgánica municipal, el manoseo para la elegibilidad de las juntas auxiliares.


En el mismo sentido, Martínez afirmó que la lucha por el poder en los pueblos del municipio es asunto ya de los partidos políticos y no de los grupos vecinales, simulándose procedimientos electorales directos sin que exista la regulación ni transparencia en el financiamiento de planillas.


El legislador del Partido del Trabajo, indico que dichos comicios sirven como mecanismo de presión en contra de los alcaldes. "Sirven para reafirmar o contrarrestar la fuerza política que pudo haber obtenido el partido político ganador en la reciente contienda electoral municipal, se usa para castigar o aprobar el desempeño del ayuntamiento en turno durante los primeros meses de gobierno y administración, sirven como medio de presión mediante conflictos postelectorales, para hacer presión sobre los poderes ejecutivo o legislativo estatales."


Zeferino Martínez afirmó que se debe revisar el Plebiscito como método o mecanismo para la elegibilidad de las juntas auxiliares y que deben buscarse nuevas maneras para fundamentar dichos procesos de selección. "Fundamentarse en los progresos democráticos y desatenderse de los anticuados y sumamente viciados procesos tradicionalistas o costumbristas. La homologación con la elección de ayuntamientos, para ser verdaderamente reguladas y vigiladas por las instancias electorales, sería una solución plausible y democrática que legitimaría la elección de las autoridades auxiliares".