Ricardo Mosqueda Lagunes, especialista en el tema electoral, afirma que entre los pendientes de la iniciativa de reforma electoral que presentó el Ejecutivo se encuentran los mecanismos para fortalecer a las instancias administrativas del IEE.
De acuerdo con el análisis realizado por Ricardo Mosqueda, representante del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), los ejes de la reforma electoral son: consolidar el pacto federal mediante la celebración en el mismo año de las elecciones estatales y federales; que la representación política y la competencia electoral sea más equitativa.
La reforma electoral considera los siguientes puntos: la redistritación del estado, considerando los criterios de igualdad poblacional y uniformidad territorial para que los diputados no representen ni más ni menos de 15 pro ciento del promedio por distrito, tomando en cuenta la representación indígena.
En el mismo rubro, se espera establecer períodos específicos de precampaña y campaña para todos estableciéndolos en 40 días y 60 días respectivamente. Se añade la figura de la candidatura común para cualquier cargo de elección popular, y la eliminación de las restricciones que tenían los partidos locales, los de reciente registro, o los que lo hayan perdido con anterioridad para formar coaliciones.
El último eje que aborda la reforma se refiere al fortalecimiento de la autoridad del IEE. De esa manera se ampliara el período de los consejeros electorales a siete años, pudiendo, en su caso, ratificarse.
También se pretende la desaparición del voto de calidad del consejero presidente; la creación de la Secretaría Ejecutiva del IEE, y la creación de la unidad de fiscalización del Instituto Estatal Electoral.
De manera muy especial se destacan —señala Mosqueda— el establecer tres procedimientos de queja e impugnación en materia electoral: el de fiscalización, el especial sancionador y el ordinario.
Además, se incorpora en la iniciativa de ley que recibió el Congreso local la ampliación de las sanciones aplicables por presuntas irregularidades que incluyan la amonestación pública, la reducción del financiamiento público y la suspensión o pérdida del registro.
Mosqueda observa que hay una serie de pendientes en la misma iniciativa los cuáles deberían revisarse.
El representante del Partido Nueva Alianza ante el máximo órgano estatal, señala que aunque en el proyecto de reforma se contempla el fortalecimiento del IEE a través de la desaparición de la dirección general y de la secretaría general, no se detalla cómo se fortalecerán las demás instancias administrativas del instituto.
“Con la creación de la unidad de fiscalización se tendría que descargar de atribuciones a la actual dirección de prerrogativas, partidos políticos y medios de comunicación”, apunta.
Asimismo, considera relevante que en el caso de haber convenio con el IFE para la organización de las elecciones concurrentes se tendría que revisar el desempeño de las direcciones de organización y capacitación electoral a efecto de vincularlas en los convenios de colaboración respectivos.
“También sería importante revisar las atribuciones de los consejeros para mejorar la calidad de su desempeño y enmarcar de manera idónea el ámbito de sus responsabilidades.”
Sobre la inclusión de las juntas auxiliares en al ámbito de la organización de las elecciones, si bien se le concedería al IEE dicha responsabilidad, la figura de juntas auxiliares no está considerada como un nivel de gobierno constitucional, por lo que ubicarlas dentro de la organización de las elecciones constitucionales hace el proyecto vulnerable a una controversia constitucional.
A destacar
Ricardo Mosqueda estima que deben revisarse los montos de financiamiento público de los partidos políticos para fortalecer sus actividades ordinarias y las que se desarrollan para la promoción del voto durante los procesos electorales, ya que en la actualidad dichos montos son bajos en comparación con lo que reciben los partidos en otros estados del país.