El presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, quien compareció ante la comisión inspectora, podría ser removido del cargo antes de que concluya el mes al no comprobar un pliego de observaciones por 38 millones 440 mil pesos, de la administración 2005–2008 cuando ocupó el mismo cargo.

Por segundo lunes consecutivo, el edil compareció ante la comisión inspectora dentro del procedimiento de responsabilidades que le inició el órgano legislativo luego de que el Órgano de Fiscalización Superior determinó que hay un daño patrimonial en contra del municipio.

De acuerdo a la información proporcionada por integrantes de la Comisión se analizará la documentación que entregó para solventar los cargos que se le imputan.

Además indicaron que en caso de encontrarlo responsable de los hechos, podría ser uno de los temas que se resuelvan en el período extraordinario de sesiones donde el pleno del Congreso podría removerlo del cargo.

El aún presidente municipal de Tlatlauqui, reiteró que no solicitará licencia para enfrentar el procedimiento que se le sigue en el Congreso luego de que el Órgano de Fiscalización entregó el dictamen mediante el cual no solventó las cuentas públicas de los años 2007, 2008, además de que el tema es jurídico y no político.

Manifestó que confía en la legalidad, en las instituciones y en el Congreso del Estado y terminar los tres años de gobierno luego de que fue electo por segunda ocasión como presidente municipal de Tlatlauquitepec.

Sostuvo que en el municipio hay obra pública y trabajo por parte de quienes están en el ayuntamiento, además los recursos siguen fluyendo y el ayuntamiento opera al cien por ciento.

El presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, declaró que serán respetuosos de lo que marquen las instancias y recordó que hay un trámite de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que los diputados solicitarán dicha información para que sea examinada.

Comentó que en el procedimiento, Loaeza Aguilar entregó un expediente que analizarán los integrantes de la Comisión Inspectora, y se respetarán los derechos del presidente municipal que enfrenta el proceso de revocación.

El presidente de la Comisión Inspectora, aclaró que la controversia no ha sido admitida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que el máximo tribunal se encuentra en receso.