El presidente de la Comisión Inspectora del Congreso local, Mario Riestra Piña, señaló que el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Hernández Quintana, debe separarse de manera inmediata de su cargo para encarar el proceso legal en su contra y evitar que se siga retrasando el trabajo del OFS.

Asimismo, negó ante los medios de comunicación que haya un sentido político en el proceso jurídico en contra de Hernández Quintana y externó su sorpresa por el mismo.

Riestra, quien también es líder de la bancada panista en el Congreso local, advirtió que hay un retraso en la dictaminación de las cuentas públicas del 2010, lo que sin duda se agravará con la situación que vive actualmente el titular del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Hernández Quintana, ya que el rezago alcanza un 50 por cierto.

El diputado consideró que el funcionario del OFS debe dejar el cargo para el cual fue designado por el mandato del Congreso en la pasada administración estatal, máxime cuando hay un rezago en la dictaminación de las cuentas públicas:

“El funcionamiento del OFS es especialmente importante en esta etapa en la cual estamos a la mitad de la revisión de las cuentas públicas 2010, por lo que le haríamos un llamado para que se separara del encargo y enfrentar de la mejor forma que él considerara pertinente esta orden de aprehensión en su contra.”

Mario Riestra Piña señaló que en el caso del auditor se deben revisar los distintos supuestos, porque hay diversas consideraciones que aún los diputados no conocen de manera formal.

Además, dijo que en caso de que el titular del Órgano estuviese prófugo, la ley es muy clara, “estaríamos hablando de una ausencia temporal del encargo y entonces según el reglamento del Órgano, uno de los auditores jerárquicamente en el rango asumiría la titularidad del despacho de manera provisional”.

Recordó que en estos momentos se encuentran en proceso de revisión y dictaminación diversas cuentas públicas del año 2010 que están retrasadas: “Nos encontramos con algunos retrasos ineficacias y con este embrollo legal todavía el desempeño del Órgano de Fiscalización”.

Riestra Piña negó que se trate de un ajuste político en contra del funcionario que fue designado en el sexenio pasado por un Congreso entonces a modo del PRI, “habría que dejar muy claro que esta querella judicial no tiene su origen en el Poder Legislativo, nosotros nos enteramos ayer de lo sucedido. No acudió el auditor a la reunión del Órgano de Fiscalización que tuvimos. Nosotros no teníamos conocimiento, por lo que no podríamos emitir una opinión lo que sabemos que el edil de Tlatlauquitepec puso una denuncia”.

En el caso del alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza, Riestra Piña dijo que se prosigue con la revocación del mandato y que en el proceso en el que intervino el Congreso local se le garantizó el derecho de audiencia al alcalde: “Al día de hoy la revocación de mandato sigue firme. Quisiera hacer un recordatorio de este proceso que la 56 Legislatura fue la que votó mayoritariamente en contra del edil de Tlatlauquitepec la que le fincó los castigos y las penas, y acatar una resolución que ponía firmes las sanciones y dado que él era nuevamente presidente municipal, se le garantizó su derecho de audiencia.

”La inhabilitación tenía que ser precedida, en ningún momento él presentó evidencia alguna, entonces, jurídicamente hablando, la sentencia o la revocación de mandato sigue firme”, explicó Riestra Piña.