La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) entregar a Intolerancia Diario un informe sobre los resultados de las pruebas de confianza que omitió entregar con previa solicitud.

Desde el 8 de julio de este año, este medio de comunicación solicitó mediante el folio 00257911 textualmente: “¿A cuántos elementos y funcionarios se han aplicado pruebas de confianza desde 2005 a la fecha? ¿Cuántos han reprobado y por ende han sido dados de baja?”, por lo que se pidió desglosar por mes y por dependencia área o corporación.

La respuesta de la PGJ fue muy escueta, donde informaron que en los registros de esta dependencia únicamente se cuenta con datos correspondientes a los años 2009 y 2010.

Sin dar mayores detalles, la referida dependencia informó que durante 2009 se evaluaron a 343 servidores públicos y en 2010 se efectuaron mil 767 evaluaciones a servidores públicos.

“(…) le informamos que las evaluaciones de control y confianza reflejan un resultado de aptitud del servidor público, por lo que el concepto de ‘reprobar’ no aplica para este fin”, dijo en su respuesta la PGJ.

“Finalmente, a la fecha no se tiene registro de baja por este motivo. Atentamente: Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la PGJ”, concluyó, por lo que Intolerancia Diario emitió un recurso de inconformidad resuelto este 29 de noviembre.

En el mismo, el pleno de la CAIP señaló que por considerar relevante y de interés público, la PGJ debe entregar información sobre las pruebas de confianza aplicadas a los funcionarios y elementos, desde febrero de este año y hasta la fecha de la solicitud, así como las bajas que se han derivado de dichos procedimientos.

Al realizar el análisis del recurso de revisión presentado, se explicó que la solicitud de información requería la información desde el año 2005; sin embargo, no existen archivos con esa fecha, pero los hay de este año.

Por lo tanto, se ordenó que deba entregarse la información, así como el número de bajas de los elementos y funcionarios que hayan sido considerados como no aptos para el desempeño de sus funciones, toda vez que no se solicita conocer los nombres de los mismos, sino sólo las estadísticas correspondientes.