El gobierno del estado resguardó hasta 2018 cualquier información de los helicópteros de su propiedad, incluyendo en el de nueva adquisición en el que viaja el gobernador Rafael Moreno Valle, por la supuesta seguridad del estado, por lo que a pesar de que el actual gobierno ha afirmado tener transparencia mantiene “los candados” marinistas en cuanto a la Ley de Acceso a la Información.

Argumentó un acuerdo de reserva firmado en el sexenio de Mario Marín Torres, por lo que no se entregarán costos ni fechas de compra de las aeronaves.

De manera diferente, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón ha transparentado toda la información, desde las bitácoras de vuelo y costos de las aeronaves hasta lo caro de los vuelos.

En Puebla, ahora será la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) la que determine si los datos solicitados por Intolerancia Diario mediante la Ley de Acceso a la Información realmente ponen en peligro la seguridad del estado, aunque sólo se trate de dinero del erario público.

La opacidad
Mediante la solicitud 369211 emitida a la Secretaría de Administración (SA), Intolerancia Diario solicitó informar el número y costo de cada uno de los helicópteros pertenecientes al gobierno del estado, marca, modelo y fechas de adquisición cada uno.

En respuesta, la oficina de “transparencia” de la dependencia a cargo de Román Espinoza, el 1 de diciembre citó a este medio para entregar la información para la siguiente semana el 9 de diciembre.

En esa ocasión, mediante una llamada telefónica al área de bienes inmuebles de la SA, el director Román Espinoza Moyado preguntó cuánto entregarían la respuesta solicitada, inmediatamente le contestaron “hasta cuánto tenían”.

Inmediatamente, personal de “transparencia” hizo cuentas e informó que por ley tenían que entregarla hasta el 9 de diciembre; “entonces hasta ese día”, contestaron en la oficina de bienes inmuebles.

Posteriormente, Román Espinoza adujo que la información se entregaría casi hasta el último minuto debido a que estaban muy ocupados en bienes inmuebles, ya que estaban haciendo un inventario del aeropuerto Hermanos Serdán.

Ocho días después, el 9 de diciembre, simplemente no se entregó la información a pesar que la misma se encontraba en la computadora de Espinoza Moyado y sólo se informó que el gobierno del estado es dueña de cuatro aeronaves.

Buscando candados
El argumento para no entregar la información fue que los helicópteros están a resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en la que existe un acuerdo de reserva firmado desde el sexenio pasado que impide entregar la información.

El acuerdo de reserva fue formado el 16 de febrero de 2006, por el entonces secretario de Finanzas y Administración, Gerardo María Pérez Salazar, en el que se pusieron diversos “candados” a la información.

El documento argumenta una serie de artículos de la ley en la materia, en la que se incluye a la administración de bienes muebles e inmuebles y en el que se reservan toda información por 12 años.

En el caso de los helicópteros, se señala que estará bajo reserva la información del control vehicular a cargo de la SSP:
“(…) asignación de vehículos oficiales asignados a Seguridad Pública, se pone en riesgo la seguridad del estado”, versa textualmente el acuerdo de reserva, tras una serie de artículos legales dónde lo justifican.

Pero no sólo la información de los vehículos está reservada —hasta el final de sexenio de Rafael Moreno Valle— mediante dicho acuerdo, sino existe un listado de más “candados”.

Entre estos se encuentra la prohibición de entregar información de arrendamiento de bienes, listados o inventarios, además de control, en todos argumentando que la seguridad del estado se pone en riesgo si se entregan los detalles.

Posterior a la negativa, la SA realizó un acta, con presencia de un funcionario del área de bienes inmuebles y del director de “transparencia”, Espinoza Moyado, documento en el que se especifican los argumentos de la dependencia para no entregar la información:

“De conformidad con la información que obra en los archivos de la unidad responsable se informa al solicitante que al día de hoy se tiene en sus registros cuatro aeronaves propiedad del gobierno del estado bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública.

”No obstante, la información requerida se encuentra asignada a la Secretaría de Seguridad Pública y continúa la vigencia del referido acuerdo el cual refiere en su fundamentación y motivación que ‘al proporcionar información sobre asignación de los vehículos oficiales, asignados a seguridad pública, se pone en riesgo la seguridad del estado

”En virtud de que la información solicitada encuadra en la clasificación de reserva, de conformidad como lo señala la referida ley en su artículo 37, esta dependencia —con la finalidad de no incurrir en responsabilidad en la calidad de servidor público— hace del conocimiento del solicitante que no es posible entregar la información, explicándole los motivos por los cuales no se puede proporcionar la información.”

Posteriormente en el acta se dio uso de la palabra a Intolerancia Diario, donde se señaló textualmente: “en la solicitud que estoy pidiendo son recursos públicos como fecha de adquisición y costos de los helicópteros y no ponen en riesgo la seguridad del estado, por lo que me reservan la información”.

Ahora será la CAIP la encargada de revisar si el acuerdo de reserva contempla que pone en riesgo la seguridad del estado los montos del costo de los helicópteros y sus fechas de adquisición.

Opacidad
El acuerdo de reserva señalado no es el único creado en el gobierno de Mario Marín Torres que mantiene vigente la administración de Rafael Moreno Valle, sino que tan sólo en la Secretaría de Finanzas hay otros 57 acuerdos.

Lilia Vélez Iglesias, presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), afirmó que las acciones más visibles del gobierno de Rafael Moreno Valle hablan de un gobierno que no está comprometido con la transparencia y no corresponde a la oferta de campaña.

“Nos dejaron un ‘candado’ (altos costos en las copias de documentos de información) que limita gravemente el derecho a la información y lo dejaron aunque cuando peticiones de que se eliminara.”

Indicó que tanto el gobierno del estado como los diputados locales, sabían que el candado de los altos costos es inconstitucional y representa una limitación del derecho y no se eliminó.

La mayoría de los “candados” puestos para negar la información a la ciudadanía versa en gastos con erario público, como a quiénes se les han exentado de pagos de impuestos, contratos financieros, deuda pública y adjudicaciones directas.

Así lo revela la respuesta 3273 de la dependencia a solicitud por medio de la Ley de Acceso a la Información de Intolerancia Diario, en la que se pide detalladamente el número de acuerdos de reserva que tiene la SF que maneja el dinero público, como el caso de los helicópteros, mantenido en reserva por la SA.

Al respecto Lilia Vélez, exintegrante de la CAIP, señaló que se trata de información que por su naturaleza debe ser pública, pues en todos los casos involucra uso de recursos públicos.

Entre la información que ha reservado el gobierno poblano destaca la relacionada con las aeronaves en las que se efectúan los traslados no sólo del gobernador, sino también de de los funcionarios públicos en el desempeño de las atribuciones.

Asimismo, la unidad de Apoyo Financiero para la Prevención y Atención de Desastres Naturales tiene prohibido entregar datos de los seguros contra tragedias o desastres naturales.

La Dirección de Asuntos Jurídicos no puede entregar las asesorías jurídicas al secretario y a las Unidades Administrativas de la SF, ni de juicios contenciosos administrativos resueltos por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

En la oficina del titular de la SFA, Roberto Moya Clemente, no se pueden entregar datos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), relacionados con los gastos de representación de la oficina del secretario de Finanzas y Administración

Tampoco se puede entregar información relacionada con el proyecto de Puerto Aura, Unidad de Estudios y Proyectos Estratégicos, el cual contempla fincarse sobre 10 mil 481 hectáreas de tierra alrededor del lago de Valsequillo.

Así como de programas, políticas y sistemas para el ejercicio de las facultades de recaudación, determinación, comprobación y cobranza que le corresponda ejercer.

La Subsecretaría de Ingresos no puede entregar información relacionada con las solicitudes y acuerdos de pago a plazos, de condonación y exención total o parcial de pagos.

Cabe señalar que la Subsecretaría de Egresos tiene bajo reserva la información de: autorizaciones presupuestales, póliza de seguro contra desastres naturales, valoraciones periciales, adjudicaciones Directas y contratos de prestación de servicios.

La Dirección de Contabilidad tiene bajo “candado” los informes contables y presupuestales, así como la documentación comprobatoria de Ingresos y Egresos, Obra Pública y Ramo 33. También los informes de control de pagos, estados financieros y el informe de Avance de Gestión Financiera; además de información y documentación contable, presupuestal y demás relacionada con los contratos de prestaciones de servicios, de impresión, grabado, publicación difusión e información, alimentos, vehículos y equipo de transporte aéreo y contratos de prestaciones de servicios de asesoría, consultoría, informática, estudios e investigación.

Por si fuera poco está vedada la información relacionada con la adquisición de toda clase de vehículos y equipo terrestre, motorizados y no motorizados, para el transporte de personas y carga.

Por su parte, la Dirección de Tesorería tiene prohibido por “Acuerdo de Reserva” entregar la información del Reglamento Interior del Consejo para el Desarrollo Metropolitano y las actas de sesión. Además está bajo llave en esta área de la SF información financiera, contratos financieros, inversión de recursos, custodia de valores y garantías, pago a proveedores, cancelación y pago de cheques. Así como el contrato de prestación de servicios de recepción de pagos, suscrito por el gobierno del estado con Financiera Coofia, y todas las operaciones y documentos que del mismo se deriven.

La Dirección de Deuda Pública no puede sacar a la luz las condiciones contractuales de los créditos registrados en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado. Ni la Dirección de Inversiones Públicas puede entregar los catálogos de precios unitarios para la obra pública.

La diferencia
En un caso similar, en el Distrito Federal se transparentó el uso del helicóptero por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, mediante una solicitud de acceso a la información.

De acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información Pública del DF (Infodf), el perredista se transporta catorce veces al mes en helicóptero con grandes costos del erario público, señaló el periódico Crónica, quien solicitó la información.

Incluso, para facilitar su traslado se habilitó un helipuerto en el edificio de Gobierno del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución 1, que cerró Cuauhtémoc Cárdenas.

Ebrard Casaubón, a la semana vuela en promedio 3.5 veces para asistir a los diversos eventos en las 16 delegaciones del DF, según reporta el propio InfoDF.

Además, la dependencia refiere que el Ejecutivo hace uso de los helicópteros de la Policía capitalina.

De acuerdo con la página de internet de la empresa Eurocopter —que vendió a la SSP-DF la aeronave AS350 B3— una hora de vuelo en helicóptero tiene un costo de 414 dólares, es decir, aproximadamente cuatro mil 554 pesos.

Crónica posee copias de las bitácoras de la SSP en las que queda el registro de los vuelos efectuados al mes por Marcelo Ebrard, así como los detalles de su traslado, la matrícula del helicóptero, la fecha y el tiempo de vuelo, así como la actividad y el lugar a donde se dirigió el mandatario.
“Los Cóndores son aeronaves blindadas, con cámara de transmisión de voz e imagen para la vigilancia diurna y nocturna.

”Un helicóptero Eurocopter vuela entre 220 y 270 kilómetros por hora en velocidad máxima de crucero para los helicópteros civiles, sin tanque auxiliar y hasta 325 kilómetros por hora los helicópteros militares.

”El combustible para las unidades se conoce como turbosina, y la capacidad del tanque es de 21 mil litros, con un costo por litro de siete pesos”, se señala en el rotativo.