David Macías Romero, Julio Herrera López y Rubén Darío Jiménez, representantes de las organizaciones Puebla Laica y Juárez Laico, pedirán al Senado de la República que no apruebe la reforma al artículo 24 constitucional, al asegurar que afectará al Estado laico porque se originó por presiones de la Iglesia católica; además de que —señalan— abre las puertas para la educación religiosa en las escuelas y la entrega de concesiones de medios de comunicación a grupos confesionales.
“Hay una presión por parte de la Iglesia católica, a eso responde la intención de esta reforma”, señaló Julio Herrera López, representante de Juárez Laico.
Este domingo, las organizaciones realizaron en el parque Juárez una concentración de 3 mil 500 personas para protestar en contra de la reforma al artículo citado.
Cabe recordar que han realizado apariciones públicas en concentraciones proselitistas para solicitar que no se apruebe la reforma. Durante la visita a Puebla del precandidato presidencia del tricolor, Enrique Peña Nieto y posteriormente durante la visita del precandidato del PAN, Santiago Creel Miranda, expresaron su rechazo a la reforma.
Para este jueves, en el mismo tono de oposición a la reforma constitucional, organizaciones como Foro Intereclesiástico Mexicano, además de Desarrollo y Transformación de la Sociedad, realizarán un foro sobre la reforma al 24 constitucional en el auditorio del Sindicato de Telefonistas a las 17:00 horas, donde participarán Josué Bravo Rodríguez, de República Laica; Ittaí Pérez Márquez de México Laico y Rigoberto Mata Medina, presidente del Foro Intereclesiástico.
La reforma al artículo 24 constitucional se presentó el 14 de diciembre del año pasado. Al día siguiente, en sesión ordinaria se aprobó el dictamen en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro. Sólo falta para que se complete la reforma la aprobación de la Cámara de Senadores.
De ser aprobada la reforma por la Cámara de Senadores, ahondaría las diferencias entre personas que profesan credos religiosos minoritarios y credos mayoritarios.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) realizada por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), 15.6 por ciento de la población es integrante de una minoría religiosa.
“Va a echar todo a la basura, las reformas que separaron la esfera religiosa y la esfera pública. ¿Por qué modificar el artículo 24 con tanta prisa? Con esta reforma y la premura para realizarla se privilegia a una sola asociación religiosa”, señaló Julio Herrera.
López, representante de la organización Juárez Laico, aseguró que la reforma al artículo 24 Constitucional abre las puertas a nuevas modificaciones a otros artículos constitucionales que discriminarían a s grupos religiosos minoritarios y a sectores de la población que no profesan ninguna fe religiosa.
En la minuta publicada del decreto de reforma al artículo 24 constitucional se menciona que se debe avanzar en materia del derecho a la educación religiosa y de la libertad de difusión de credos o alternativas religiosas a través de medios de comunicación, pero que por el momento sólo puede lograrse la reforma al artículo mencionado:
“Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa.”
Asimismo, a la luz de él se requerirá tanto la revisión de los artículos 3, 5, 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicada en el Diario Oficial el 15 de julio de 1992 y el Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicado en el Diario Oficial el 6 de noviembre de 2003.
De acuerdo a la revisión de la minuta de la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, hay un consenso entre los expertos en derecho a nivel internacional sobre temas como la libertad en materia de conciencia religiosa, la libertad de culto, la libertad de difusión de los credos, ideas u opciones religiosas y el derecho a la formación.
Otra de las críticas hacia la reforma por parte de estos grupos es que no hubo una amplia consulta a la sociedad, y la sociedad tampoco ha proclamado que sus hijos reciban educación religiosa ni pedido un canal de contenidos religiosos.
La discusión de dichas modificaciones a la Carta Magna constituye una de los temas de agenda que abordarán los senadores durante el periodo ordinario de sesiones, el cual inicia el 1 de febrero.
