La reciente presentación de un paquete de iniciativas legislativas en el Congreso local que abordan el tema de la discriminación, presentadas a raíz del asesinato violento de la activista transexual Agnes Torres Hernández, existían en el Congreso local al menos desde hace dos legislaturas.
Es más, en todo el primer año de sesiones los grupos mayoritarios del Congreso local no presentaron ninguna iniciativa que abonara en ese sentido. Ni siquiera la agenda legislativa de los grupos parlamentarios enlistaba una iniciativa de este tipo.
La entonces legisladora del PAN, María de los Ángeles Córtes, presentó en la LVI Legislatura una iniciativa de ley en contra de la discriminación. En el año 2003 el Congreso federal aprobó una ley federal contra la discriminación. Dicha ley considera en su artículo 4 lo que se entiende por discriminación, como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.”
En el informe de la Comisión Ciudadana de Estudios sobre la Discriminación —comité dependiente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)— es especifica que una vida democrática deficiente está asociada con prácticas como la discriminación: “En la búsqueda de la construcción de una democracia de calidad no puede soslayarse que los actos discriminatorios generan la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. El daño social, político e incluso económico propiciado por las prácticas discriminatorias es de tal profundidad que ha ocasionado no sólo el deterioro de las formas de convivencia social y la consolidación de relaciones de poder arbitrarias e ilegítimas, sino que ha impedido el despliegue efectivo de las capacidades y de los recursos humanos con los que cuenta el país.”
Los grupos LGBT también han insistido al Congreso local que “descongele” la ley estatal contra la discriminación, cuya discusión está en la “congeladora” desde hace dos legislaturas. Los grupos activistas LGBT esperan que se saque adelante en esta legislatura esta ley.
Fue apenas en la última sesión del Congreso Local que los diputados presentaron un ambicioso paquete de iniciativas sobre el tema, luego del asesinato de la activista transexual Agnes Torres Hernández.
