Al término de la conferencia celebrada en el patio Ignacio Zaragoza del Poder Legislativo, el magistrado planteó que se necesita una reforma amplia a la Ley Electoral para darle cabida a una mayor objetividad e imparcialidad. “He propuesto que debe reformarse la constitución para crear el poder electoral”, señaló. Como punto central, dijo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe ser autónoma y dejar de estar bajo la influencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo.
Otra sugerencia del magistrado es la creación de una ley especial de partidos políticos. “Las elecciones se deben se resolver en las urnas”, consideró aunque estimó que es un derecho de los partidos políticos y candidatos asistir a las diversas instancias si consideran que sus derechos han sido violados en la elección. Estimó que es necesario sistematizar los medios de defensa e impugnación porque son muchos.
El magistrado electoral explicó que hay confianza en las instituciones electorales del país, ya que se conducen con apego a la legalidad, y que hay diversas instancias para quienes consideran que se violaron sus derechos electorales, por lo que pidió respetar las expresiones emitidas en torno al proceso electoral descalificándolo o señalando que habrá un “fraude electoral”. Sin embargo, Galván Rivera dijo que quienes se pronuncien en ese sentido deben ser “responsables” de tales afirmaciones: “Cada uno de nosotros debe ser responsable de lo que dice pensado o impensado, no podemos prohibir a nadie que diga lo que piensa”.
Galván Rivera atesora que ahora las instancias judiciales resuelven los conflictos postelectorales y éstos no se dirimen en las calles:
“Tanto en el orden local como en el federal las coaliciones y los candidatos recurren en los medios previstos en la ley, con objetividad, imparcialidad y conforme a derecho todas estas controversias. Si bien podemos decir que la política se ha judicializado también afortunadamente se han alejado de las calles estos tipos de conflictos.”
Expuso que a diferencia de 2006, cuando la elección fue sumamente cuestionada y no se reveló al ganador el mismo día de la jornada electoral, ahora hay otras condiciones jurídicas:
“La certeza de que el IFE nos dará resultados el día de la jornada electoral, a diferencia de lo que se dijo en 2006. No se hizo en 2006, lo hemos escuchado por quien era el presidente del Consejo General que la diferencia era tan pequeña y no se atrevieron a dar el resultado.”
Aclaró que el conteo rápido únicamente “nos van a señalar con certeza son tendencias de votación”. Pero que el resultado de la elección se dará a conocer, una vez resueltas impugnaciones en las instancias correspondientes, y calificada la elección en agosto o en los primeros días de septiembre.
Otra ventaja en esta elección es que ahora existe mucho más medios de impugnación que en 2006.
“Estamos en un clima de paz social, que una vez más los ciudadanos iremos a las urnas, los conciudadanos contarán los votos.”
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El magistrado Flavio Galván Rivera impartió su conferencia magistral denominada “Control de Constitucionalidad de Actos y Resoluciones de Autoridades Electorales”, en la cual resaltó la necesidad de no olvidar que el derecho no es un fin en sí mismo, pues el derecho es un medio para la convivencia social, la cual es posible si existe paz social y paz con justicia.
“Para poder conquistar la justicia, la democracia económica y social, debemos entregar a la República y a la historia elecciones en paz, legales y constitucionales, pues la declaración que tenga que hacer en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo constatará la voluntad del pueblo de México.”
Al evento acudieron los diputados Gerardo Mejia Ramírez, Josefina Buxadé Castelán, María Elba Cerezo González, Elvia Suárez Ramírez, Nahum Vaquero Olivares, Edgar Sánchez Gómez, Miguel Quiroz Corte, Rafael von Raesfeld Porras, José Guillermo Aréchiga Santamaría y Ana María Jiménez Ortiz.
Al darle la bienvenida al magistrado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Salomón Escorza, señaló que “es en suma el trabajo de todas las instituciones quienes garantizan el acceso libre de los ciudadanos a la decisión más importante para el Estado y el Tribunal de la Federación, quien garantiza que las decisiones sean fundamentadas, pues el cumplimiento de nuestro deber a la sociedad tiene que poseer como eje principal la creación de leyes útiles que nos permitan alcanzar la plena justicia que todos buscamos”.