Al asegurar que si el robo de una motocicleta de parte un trabajador del gobierno del estado de Puebla, queda impune, puede generar una serie de consecuencias negativas para la imagen del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, y puede afectarle en su proyecto político de futuro, dijo el analista político de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Alejandro Guillén Reyes, afirmó que si el escándalo se soluciona por las vías legales, los involucrados pueden llegar a la cárcel.

Desde la perspectiva del director de la licenciatura en Ciencias Políticas, si los hechos, que son evidentes por las grabaciones de las cámaras, permiten las sanciones adecuadas, el mandatario poblano puede salir ileso del escándalo y eso no le debe restar posibilidades de construir su futuro político, “pero si el asunto queda impune, le generará una serie de consecuencias en la opinión pública”.

Cabe mencionar que las videocámaras, evidenciaron que la madrugada del pasado 6 de julio, el escolta del secretario particular del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rafael Barbolla Sosa, se robó una motocicleta infantil en el fraccionamiento La Vista Country Club, hechos que ya tienen consecuencia al mediodía del lunes, con la renuncia del titular del área, Mauricio Torneo Salinas y la puesta a disposición de las autoridades de su secretario particular, Isaac Tonatiuh López Montalvo, según versiones periodísticas.

Renuncia y sanción
Ante los hechos, Guillén Reyes, afirmó que el asunto, hay que tomarlo en su justa dimensión y confirmar si el escolta fue sorprendido en el momento del robo, porque de ser así, eso amerita una sanción y la renuncia inmediata, pero también coincidió en que los hechos deben llevar a los responsables a la cárcel, “se tiene que aplicar la ley y veremos hasta donde llega el discurso de que la ley se aplica sin distinciones”.

Lo que debe quedar claro en los ciudadanos, dijo, es que el tema no se puede extrapolar hacia otros funcionarios del gobierno del estado de Puebla y afirmar que si lo hace uno, lo hacen todos, “porque así como hay funcionarios deshonestos, hay otros que hacen su trabajo”, y eso sucede en todos los órdenes de gobierno, en todo el país.

Lo recomendable ante los hechos es que se confirma que es sano que los ciudadanos estén atentos a ese tipo de situaciones y señalen a quienes violenten la ley, particularmente si tienen cargos públicos, “creo que en esos casos, el Estado tiene que hacer su tarea, porque de no ser así, no vamos a avanzar”.