En la antesala del Congreso, en comisiones, está una reforma a la Ley de Seguridad para que exfuncionarios del estado cuenten, al término de su encargo gubernamental, una escolta pagada por el Estado.

Los diputados quieren otorgarle este beneficio a los exfuncionarios, según se desprende de la iniciativa que agregaría el título décimo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla bajo la nomenclatura “del otorgamiento de servicios de seguridad personal”. Los exfuncionarios de gobierno podrían tner una escolta por turno de hasta 8 integrantes —un mínimo de 6 elementos de seguridad— los cuáles serán pagados por el Estado, así como los vehículos en los que se movilicen, cuyos gastos de combustible o reparación de los vehículos serán pagados también con recursos públicos.

Los escoltas deberán pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia y serían los exservidores públicos quienes seleccionarán el servicio de escolta. De prosperar la iniciativa, cuyo antecedente se encuentra en un acuerdo del Ejecutivo sobre personal de seguridad para exservidores públicos presentado y aprobado en la pasada legislatura, cuando todavía era gobernador Mario Marín Torres, desde el exgobernador hasta exdirectores de áreas sensibles de seguridad recibirían este beneficio.

El artículo 136 de dicha ley entiende por seguridad personal la protección que otorga el Estado a todas aquellas personas que se encuentren en los supuestos de la misma ley, con el objeto de salvaguardar su integridad física y su vida.

El diputado del Partido Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, presentó una modificación a la ley estatal de seguridad para dotar de una guardia personal privada a gobernadores, secretarios de gobierno y procuradores cuando culminen su cargo al frente de la administración pública debido, justifica la reforma de ley, a lo vulnerable que estarían estos funcionarios ante eventuales actos de venganza por parte del crimen organizado. Cabe destacar que esta guardia privada sería pagada con recursos del erario público.

Una vez que los gobernadores, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y procurador de Justicia culminen su función —contempla la modificación de ley—, dichos exfuncionarios de manera automática tendrían un cuerpo de seguridad que los custodie. Previo acuerdo con el Poder Ejecutivo, a los siguientes funcionarios también se les podrá asignar un servicio de seguridad personal: exsubsecretarios, exsubprocuradores, exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exdirectores generales y otros exfuncionarios públicos que hayan servido al estado por lo menos durante dos años en trabajos de supervisión, inspección y asuntos internos.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su estudio. En la presentación, resalta que debido a que en otros estados de la República se contempla esta prerrogativa para los exgobernadores, entonces dicho antecedente facilita la aprobación de la misma. Estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Tabasco, Sinaloa y Durango contemplan la prestación de esta servicio para los exfuncionarios públicos.

En el planteamiento de la iniciativa se expone que debido a la sensible labor que realizan los gobernadores, los secretarios de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad debe preservarse la seguridad de estos funcionarios luego de dejar su cargo.

La iniciativa resalta que debido a que las actividades de procuración de justicia y los servicios de seguridad pública, en específico los relativos al combate a la delincuencia organizada, revisten un “alto riesgo para la vida e integridad corporal de los servidores públicos a cargo de las funciones de investigación, persecución de delitos, mantenimiento del orden y la paz públicos y protección de la integridad de las personas físicas de las personas y de sus bienes” y que los funcionarios “que los colocan en una situación vulnerable en que su integridad física puede vulnerarse al momento de separarse de su encargo, se requiere que cuenten con la protección y seguridad institucional para preservar su integridad física”.

Además, el 13 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de el Estado el acuerdo del Ejecutivo donde delinean los lineamientos para la asignación de personal de seguridad para exservidores públicos estatales tomando en cuenta que debido a las funciones que desempeñaron podría hallarse en riesgo su seguridad e integridad física. Dicha iniciativa contempla entre otros puntos que los exprocuradores, exsecretarios de Seguridad Pública del estado de Puebla y los exsecretarios de Gobierno una vez que hayan culminado su cargo, el cual hayan desempeñado al menos dos años, contarán de manera automática en la fecha que abandonen el cargo con personal de seguridad pagado por el Estado durante el plazo equivalente al desempeño de sus funciones y sin que dicho plazo pueda exceder los 4 años.

Los protegidos

*Exgobernador del estado.
*Secretario general de Gobierno.
*Secretario de Seguridad Pública y procurador general de Justicia.
*Exsubsecretarios.
*Exsubprocuradores.
*Exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
*Exdirectores generales y otros exfuncionarios públicos con