Abogados litigantes advirtieron que la conformación de la llamada Central de Diligenciarios en la estructura del Poder Judicial es inconstitucional y genera conflictos a la comunidad, debido a que no hay una aplicación de la ley pronta y expedita una vez que los juicios civiles han comenzado a prescribir y a caducar por la lentitud con la que opera ahora el sistema.
La abogada María Luisa Badillo Ramos, entrevistada en el Congreso del estado, acudió a entregar un oficio de inconformidad por la decisión de haber creado la central. No obstante, explicó que los diligenciarios dependían de los jueces y ahora corresponde a un coordinador. Aclaró que la figura del coordinador no existe formalmente en la ley, misma que establece que son los jueces quienes tienen la facultad de ordenar las diligencias, por ello se le asignó personal capacitado.
Indicó que anteriormente los dos diligenciarios que había por cada juzgado contaban con auxiliares y se atendían adecuadamente los casos, pero la reforma aprobada por el Poder Judicial ha hecho que se dividan en dos grupos estos funcionarios y son nueve los que salen a realizar la diligencia, mientras un número igual se queda en el escritorio. Explicó que se han retrasado todos los procesos que se siguen en materia familiar, civil y mercantil, y puso como ejemplo una demanda que se interpuso en contra de un deudor de pensión alimentaria que requieren celeridad para emplazar al señalado, pues se dejan pasar meses para que se haga la diligencia, pues la denuncia se interpuso en enero y la fecha de la revisión era hasta el mes de julio, siendo que la alimentación de los menores es un asunto que no puede esperar.
Indicó que la misma situación se presenta en los juicios ejecutivos mercantiles donde ha llegado la prescripción después de 90 días, ya que legalmente llega la caducidad. Expresó que el volver al sistema anterior resolvería el rezago que se presenta, sobre todo ante el crecimiento poblacional.
