Burocracia, falta de recursos, violación la ley y hasta impunidad, son uno de los mayores problemas que atraviesa la transparencia en Puebla y por ende la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Mientras que a nivel nacional se está celebrando la Semana Nacional de la Transparencia, aquí en Puebla, el consejero Samuel Rangel, pidió a la diputada local, Josefina Buxadé Castelán, presidenta de la Comisión en la materia en el Congreso del estado, dejar de ser “levantadedos” y ponerse a trabajar en la nueva ley.
Según el comisionado, el estado de Puebla es el único en el país, en el que un recurso de revisión de la respuesta del sujeto obligado, tiene que ser ratificado por el solicitante.
Debido a este trámite burocrático, aplicado en la nueva legislación, hasta 32 recursos de revisión han sido rechazados por la falta incluso de una firma del solicitante, dejando que la opacidad gané la batalla.
Pero también la violación a la Ley de Transparencia ha sido una constante, sobre todo de parte de autoridades de ayuntamientos, quienes ni siquiera se preocupan por responder las solicitudes de información de la ciudadanía.
Lo malo es que la CAIP no está facultada para sancionar, sino solamente las contralorías internas, por lo que se ve muy difícil que una de éstas emita alguna sanción a los presidentes municipales por opacidad.
En el mismo tenor está el Poder Ejecutivo, a cuyas autoridades solamente puede sancionar la Secretaría de la Contraloría, que finalmente es “gente de casa”, lo que ha generado o podría generar impunidad para quien viole la Ley de Transparencia.
La falta de recursos para la CAIP también ha sido una piedra más en el camino de la transparencia, luego de que el dinero erogado no alcanza para la contratación de más personal.
Todo a pesar de que sus atribuciones han crecido, en la observación de más sujetos obligados, como partidos políticos, ayuntamientos y otras entidades.
La burocracia
Durante la sesión pública de la CAIP de este martes, el comisionado Samuel Rangel, señaló que desafortunadamente se ha perdido más del 20 por ciento de los recursos de revisión, debido a los trámites burocráticos por la ratificación.
Inclusive en la sesión se desecharon tres recursos de revisión contra la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Gobierno (SGG), debido a que los solicitantes no ratificaron el recurso.
Con estos casos ya suman 32 los recursos desechados por el trámite, debido a que los solicitantes ya no pueden sólo interponer el recurso mediante internet, vía infomex, sino ahora tienen que acudir a las oficinas de CAIP o en su caso emitir cartas firmadas.
En entrevista a distintos medios de comunicación, Samuel Rangel, le dijo “levantadedos” a la diputada y presidente de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé, y que se ponga a trabajar en las trabas que tiene la legislación.
—¿Medida de protección, la ratificación para funcionarios?
—No, no lo comparto, porque la aplicación de la Ley la hace la CAIP, de hecho los secretarios o funcionarios ni se enteran, es muy importante que sepa el ciudadano que puede volver a hacer la solicitud y ahora sí ratificarlo.
”Yo creo que el problema consiste en la ley, no tanto en los funcionarios, sino en la legislación en la que se hace la ratificación vía electrónica, no personal, no sé por qué viene así la ley.
—¿Se burocratizó?
—Háganle una invitación a Josefina Buxadé ¿no? —dijo al asentir con la cabeza.
—¿Consideras que si fue poner mayores trabas?
—Aquí suceden dos cuestiones, que le preguntarán a Josefina (Buxadé) qué opina al respecto, qué va a hacer o por qué no ha hecho nada al respecto y dos, viene en camino según lo que dicen los senadores y diputados, una Ley General de Transparencia.
”¡Te lo firmó!, en esa Ley General de Transparencia no viene la ratificación, estoy seguro que el único estado que pide la ratificación a nivel nacional es Puebla.”
—¿Cómo ve que las contralorías internas sean las que sancionen a funcionarios que no cumplen con la Ley de Transparencia, no se convierten en juez y parte?
—Es una pena, yo en su momento cuando estaba la propuesta de Ley, mientras sean las contralorías internas juez y parte, hay una sanción minima.
Dio por ejemplo que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), no sanciona, entonces cuando hay irregularidades, todas las manda a la Secretaría de la Función Pública, pero sólo se ha sancionado a cuatro o cinco personas de más de 100 envíos, con una sola destitución.
“En el gobierno estatal, me acuerdo que durante mi presidencia firmé diez oficios a Contraloría para que sancionara, de esas 10, cuando terminó mi gestión, me llega un oficio de Víctor Manuel Sánchez Ruiz (contralor marinista), diciendo que en siete no se encontraron elementos para sancionarlos y de tres, dos fueron amonestaciones privadas y una pública.”
Dijo estar de acuerdo que haya institutos como el de Morelos o Distrito Federal en el que puedan sancionar los institutos. “Es una pena que el proyecto que viene cocinándose de Enrique Peña Nieto, dice que las sanciones sean hechas a través de los órganos internos de control, porque entonces entramos de nuevo en el circulo vicioso”.
Más información impresa de este día
