El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es en una especie de “casta divina” donde sus integrantes reciben pagos de 80 mil pesos mensuales; además, cuentan con el derecho de no cumplir con un horario laboral. No obstante, ellos mismos se protegieron para que nadie les pida cuentas y, si se encuentran irregularidades, no sean sancionados
En entrevista, el representante del Partido del Trabajo ante los órganos electorales, Alfonso Rodríguez Periáñez, advirtió que no se esperan cambios significativos con el nuevo consejo una vez que se trata de un reparto de posiciones entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional y habrá ese dominio de grupos sobre el instituto. Comentó que el PT dejó en claro —en cada una de las sesiones— que las acciones contravienen lo estipulado en la ley del órgano, ya que éste tiene que ser electoral, ciudadano y responder a los intereses de la sociedad. Dijo que los acuerdos que votan los consejeros lo hacen por la ley o en contra de los principios de vigilar que el órgano ciudadano sea el árbitro de los procesos electorales y no para privilegiar a un grupo.
Recordó que la semana pasada en lo que será la última sesión del actual consejo se vio cómo se intenta sacar todo tipo de ventaja al reformarse en materia de fiscalización lo que marca el plazo que se establece para que sean investigados los funcionarios de los órganos electorales, que será de forma muy dispareja a los partidos políticos, ya que los consejeros es hasta seis meses al dejar el cargo y a los institutos políticos un año. Rodríguez Periáñez señaló que todos deben ser tasados igual, en un caso son funcionarios ciudadanos y en otro de partidos políticos, y tienen los mismos intereses pero se sigue sacando ventaja utilizando la autonomía que se tiene.
Dijo que se espera que sea el lunes cuando se reanude la sesión de despedida, pero en tanto ya se aprobó el reglamento para el desahogo de los procedimientos en materia de fiscalización, en el cual a pesar de que en comisiones se había aprobado que fuera de un año para los partidos, antes del sobreseimiento, en la carpeta se establecía cinco años. El representante advirtió que en este sentido los consejeros también se “protegieron”, ya que para ellos sólo habrá medio año para llevar a cabo alguna inconformidad.
Los consejeros tuvieron que rectificar y aprobar que sea de un año el período para denunciar irregularidades por parte de los partidos políticos. Indicó que pese a los argumentos para una mejor fiscalización del órgano, pues se pedía que asumieran su responsabilidad, los consejeros buscaron dejarle a sus sucesores un fuero para que no sean sancionados, pero además los que se van que estén totalmente tranquilos a partir del mes de mayo del próximo año.
La nueva casta divina
El representante del PT se refirió al “paraíso laboral” que se aprobaron la semana pasada los legisladores al modificar la normatividad interna y explicó “se supone que son parte de un equipo laboral que debe cumplir con determinadas horas laborables, que tienen al final de cuentas un sueldo que deben garantizar que sea correspondiente a las horas que ellos trabajan.
”En año no laboral hay un horario de nueve a tres de la tarde, mientras que en uno electoral prácticamente es más y no hay días festivos, pero lo que se ha visto es que no cumplen con este horario, además de que la convocatoria no fue tan pública y la vinculación se da entre el PRI y el PAN.”
Cuestionó además el bono de partida que pretenden recibir los consejeros que dejan el cargo, del que consideró es incorrecto, y advirtió que los profesionistas ganan entre 12 y 15 mil pesos perteneciendo a la iniciativa privada, que es la que genera empleo, bienestar y expuso “habría que preguntar a millones de familias si los consejeros electorales qué tanto bienestar generaron durante los seis años. Los consejeros forman su casta divina, además de una red de intereses y sobre todo quienes se reeligieron”. Rodríguez Periáñez insistió en que con el uso de la autonomía de la que gozan los consejeros del Instituto Electoral del Estado, éstos aprobaron una reforma a la normatividad interna de determinación de responsabilidades mediante la cual no podrán ser sancionados al interior del organismo, además el plazo para revisar alguna irregularidad que hubieran cometido y que se encuentre dentro del código en la materia, sólo será de seis meses a partir de que dejen el cargo.
Recordó la modificación al artículo 7 de la citada normatividad. “Ahora bien, tratándose del consejero presidente, así como de los consejeros electorales del Consejo General del instituto únicamente resulta aplicable lo establecido en el artículo 173 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, situación por la cual las sanciones a que hace mención el presente artículo no son aplicables para los funcionarios en mención”.
